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 Diversas iniciativas en el ámbito parlamentario, que incluyen solicitudes de investigación a la Contraloría General de la República y evaluar la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados que indague los procedimientos de tramitación ambiental, anunció el diputado radical por la Región de Atacama, Alberto Robles, después de la reciente aprobación del proyecto termoeléctrico de Castilla por parte de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental. LEER MAS...

“Varios parlamentarios estamos absolutamente en contra de la aprobación de la termoeléctrica Castilla, la central a carbón más contaminante que se pretende construir en Chile y en Sudamérica. No es posible seguir aceptando que sea el mercado y los empresarios los que determinen qué tipo de energía va a tener Chile, dónde se van a instalar, cómo se van a instalar y qué tecnología van a usar, contaminando nuestro país sin que el Estado tenga nada que decir”, señaló el congresista del Partido Radical Socialdemócrata.

“El Estado se ha dedicado, sobre todo en este gobierno, solamente a visar los papeles que las compañías les presentan y nada más, sin anteponer una mirada crítica respecto de cómo se están desarrollando los proyectos”, agregó.

Robles estimó imprescindible que el Estado tome cartas en estos temas y planifique donde se van a instalar las empresas que proveerán de la energía necesaria para el desarrollo del país, defina qué tipo de energía se va a priorizar y que todo ello sea transparente y dialogado con la ciudadanía.

“Uno entiende la decisión del empresario de maximizar sus ganancias pero no que el Estado permita que en zonas declaradas de conservación de la naturaleza se cambie la calificación en forma arbitraria y con un lobby tremendo, que permita en esa zona, con las mejores costas de Atacama, no sólo hipotecar sino que eliminar el probable desarrollo turístico y pesquero de la región a causa de esta tremenda termoeléctrica”, planteó el parlamentario.

Explicó que la termoeléctrica va a producir agua caliente en cantidades comparables a la cantidad de agua que desemboca del río Biobío, en la Octava Región, lo que provocará cambios en el ambiente marino, la pesca y la acuicultura. “Ante ello, los actores de la Región actúan como títeres del nivel central, no consideran ninguna de estas condicionantes y obedecen a rajatabla lo que se les plantea desde el gobierno central para que voten a favor de esta termoeléctrica”, indicó.

Por ello, junto a la comunidad de El Totoral, el parlamentario apoyó la presentación de un recurso de protección ante los tribunales impugnando la decisión del secretario regional ministerial de Salud de cambiar de “contaminante” a “molesto” la calificación del megaproyecto termoeléctrico.

“Por ello, en la Cámara de Diputados voy a pedir un sumario a la Contraloría para que investigue lo que está ocurriendo en la seremi de Salud, dado que tengo antecedentes de que funcionarios de la unidad de medioambiente estaban en contra de aprobar este cambio y sin embargo el seremi lo hizo igual, sin ningún fundamento técnico. Quiero que se investigue si fueron presionados los funcionarios para tomar esta determinación”, confirmó Robles.

Adicionalmente, dijo que junto a otros parlamentarios están evaluando la posibilidad de crear una comisión especial específicamente con el fin de investigar el proceso de aprobación de la termoeléctrica.

“Asimismo, estamos viendo la posibilidad de presentar unos proyectos de ley porque los principales problemas ambientales hoy derivan de iniciativas energéticas, en que hay más de diez proyectos termoeléctricos y no existe una contraparte pública que defina dónde instalarlas. El Estado debe hacerse responsable de su deber de cautelar que los territorios y los ciudadanos contemos con energía pero sin que ello repercuta sobre la calidad de vida ni el medio ambiente”, subrayó el diputado Alberto Robles.