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Fuerte rechazo provoca decisión de expandir transgénicos en Chile
Su más enérgico rechazo a la expansión en Chile de los cultivos transgénicos que anuncia el gobierno del Presidente Sebastián Piñera expresó la Fundación Sociedades Sustentables (FSS).

Ello luego que el Ministerio de Agricultura introdujera diversas indicaciones al Proyecto de Ley de Vegetales Genéticamente Modificados que otorgan extraordinarias facilidades para su liberación y el consumo interno.

Según explicó Isabel Manzur, especialista en el tema de Sociedades Sustentables, “estas son decisiones que se están tomando sin establecer suficientes resguardos para evitar sus impactos negativos al medio ambiente, la biodiversidad, la salud humana y animal, con el agravante, además, de que no se entrega suficiente información a los agricultores y consumidores”. LEER MAS...
Para la FSS, “las indicaciones que liberalizan aun más el uso de transgénicos en el país sólo benefician los intereses económicos de las empresas semilleras biotecnológicas transnacionales instaladas en Chile, y no a los agricultores ni a los consumidores”.

De acuerdo a Isabel Manzur, el aspecto más conflictivo de estas indicaciones reside en que el proyecto elimina el requerimiento de estudio de impacto ambiental para los transgénicos de uso agrícola y forestal requerido por la Ley de Medio Ambiente (Nº 19.300) en su artículo 10.

Sin embargo, según la especialista las indicaciones del Ministerio de Agricultura van mucho más allá, puesto que el proyecto da aprobación automática a los cultivos transgénicos denominados para “uso controlado”, con fines de investigación o multiplicación de semillas. Las empresas sólo deben dar aviso al SAG con 5 días de anticipación, no requieren evaluación de riesgo, estudio de impacto ambiental o información a la ciudadanía. Sólo deben cumplir desconocidas medidas de bioseguridad que aplique el SAG. Muchos de estos cultivos serán pruebas de campo de nuevos eventos peligrosos, como los farmacultivos rechazados en otros países, cuyos impactos no han sido suficientemente evaluados.

“ Este sistema legitima el uso de Chile como patio trasero de estas compañías”, agrega Manzur.

Otras indicaciones inaceptables al proyecto, según la Fundación Sociedades Sustentables son:

-Establecer el “uso liberado” de cultivos transgénicos comerciales para uso nacional o de exportación. Estos deben ser aprobados sólo la primera vez, quedando luego libres de ser liberados sin solicitar permisos nuevamente. Solo requieren de una simple evaluación de riesgo y si su solicitud es rechazada las empresas gozan de amplios derechos para apelar la resolución.

-Permitir la declaración de sitios centros de origen y de diversidad para resguardar los recursos en ellos contenidos. Sin embargo, esta protección es insuficiente, pues se permite la liberación de transgénicos dentro de ellos. Asimismo se crean solamente bajo propuesta del Ministerio de Agricultura, no se permite propuestas de la sociedad civil o de los mismos agricultores que quisieran resguardar sus cultivos de la contaminación. A través de ellos no es posible proteger los cultivos tradicionales diseminados por todo Chile que aun están en manos de pequeños agricultores que resguardan este amenazado patrimonio, como por ejemplo las razas de maíz existentes en Chile.

-El proyecto va en detrimento del desarrollo de la agricultura orgánica y convencional libre de transgénicos, pues no establece un sistema de protección de los mismos y de responsabilidad y compensación por la contaminación de cultivos y por la pérdida de certificación orgánica.
- El proyecto otorga la facultad a las empresas para mantener reservada la información de la modificación genética de los cultivos, lo que imposibilita una evaluación cabal de sus riesgos e impactos, como asimismo su seguimiento y trazabilidad.

-El proyecto establece que los alimentos transgénicos no deberían ser etiquetados, violando el derecho a los consumidores a una información veraz y oportuna establecida por la Ley del Consumidor. En cambio, establece un etiquetado voluntario de los productos libres de transgénicos, dejando la carga de la prueba a los alimentos más sanos y seguros, que son aquellos libres de transgénicos. Éstos deberán asumir mayores costos de análisis de contenidos y pagar multas, lo que de inmediato desincentivará este tipo de etiquetado.

Por Roberto Bruna