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Columna de opinión de Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram publicada en portal El Dinamo el 19 de marzo de 2011. (www.eldinamo.cl).

Tanto se ha dicho y sin embargo queda tanto por decir sobre de la catástrofe de Japón. Resulta difícil encontrar una forma adecuada de plantear un análisis que abra la posibilidad de pensar, sentir y cambiar, con argumentos claros, después de la avalancha de información que nos llega desde la accidentada central nuclear de Fukushima. LEER MAS...

En casos como éste, son frecuentes la búsqueda de escenarios comunes, uno de los más recurridos alude a las similitudes entre ese lejano país y el nuestro. Si bien, tanto nuestras culturas como nuestro desarrollo económico son muy diferentes, nos une el hecho de habitar territorios altamente sísmicos por su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico. Por ello y con un terremoto y tsunami a cuestas hace poco más de un año, a los chilenos nos cuesta poco imaginar qué hubiese pasado en Chile si a toda la tragedia sufrida el 27F, le hubiésemos sumado un accidente nuclear.

Pero a pesar de lo evidente de esta situación y de la enorme tragedia que se podría haber desatado, pareciera que a algunos empresarios chilenos o extranjeros, pero que operan en el país, así como a nuestros gobernantes, la catástrofe nipona no les hizo mella y siguieron firmes en su propósito de suscribir un acuerdo nuclear con EE.UU y de mantener lo ya pactado con Francia. Algo está mal en este escenario.

¿Cómo es posible que un gobierno, por más electo que sea, se arrogue el derecho a decidir por todos los habitantes y, aún más, por las futuras generaciones que poblaran este territorio?

Desde el gobierno, los ministros y el propio Presidente han insistido en que los acuerdos que se han firmado con Francia, y Estados Unidos no implican el desarrollo de plantas nucleares. Sin embargo, basta examinar el texto del convenio con Francia- que se encuentra en la página web de la Comisión Chilena de Energía Nuclear para que surjan serias desconfianzas, pues se trata de un texto sumamente amplio y ambiguo, que deja claramente abierta la posibilidad de instalación de centrales nucleares.

La situación es peor aún respecto del acuerdo con EE.UU., ya que ni siquiera se ha dado a conocer su contenido, lo que genera desconfianza. Pese a la insistencia del gobierno respecto a que no hay un plan nuclear para Chile, lo cierto es que todos estos acuerdos carecerían completamente de sentido si no se pensaran como parte de un camino ya definido para dotar al país de este tipo de energía. De otra manera, ¿qué sentido tendría capacitar a profesionales chilenos en estas materias, si no es para que se integren a trabajar en las futuras centrales nucleares que se planea construir en territorio nacional? ¿o invertir recursos públicos en realizar estudios geofísicos y de riesgos?

Pero al parecer el gobierno no comprende que estamos en una democracia que, pese a sus deficiencias, tiene ciertas normas y requisitos que deben ser respetados; los funcionarios, incluido el Presidente de la República, son servidores públicos y deberían estar al servicio de los ciudadanos, no de las empresas o del interés particular de otros países. Así, si este gobierno se plantea firmar acuerdos con otros países con implicancias relevantes para la población y el futuro energético del país –como es la posibilidad de convertir a Chile en un país “nuclear”-, resulta básico que, como ciudadanos de este país, podamos conocer, discutir, opinar y ser considerados con antelación el texto a firmar, y no simplemente darlo a la publicidad una vez que los hechos se han consumado. Junto con ello, acuerdos de esta naturaleza deben ser revisados por el Parlamento con anterioridad a la firma y ratificados después de ésta.

Estos acuerdos, especialmente el firmado con Estados Unidos, se han visto envueltos en una intensa polémica en los últimos días, con líderes de opinión, académicos, representantes de la ciudadanía, políticos y parlamentarios de todas las tendencias emitiendo opiniones y demandando más información, pese a lo cual el gobierno ha seguido adelante con su plan original, sin dignarse a dar explicaciones ni a abrir el debate al respecto. Claramente, queda en cuestión si este sistema de gobierno merece llamarse democracia.