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Escrito por Andrés Gillmore, Director y vocero de Corporación Costa Carrera (Asociación de empresarios turísticos de la cuenca del Baker) www.costacarrera.cl 

En Aysén, ésta no es la primera vez que nos vemos intervenidos por la intención de una transnacional que pretende usar nuestro patrimonio natural y lucrar con ello. En la década de los noventa tuvimos una importante embestida por parte de la empresa ALUMISA, de origen canadiense, que tuvo la intención en la comuna de Puerto Aysén, específicamente en el lago Yulton, de represar este lago de montaña y extraer energía de él, además de abrir una mina de aluminio.  LEER MAS...
En aquellos años el gobierno de Frei Ruiz-Tagle apoyó la intención, tal como los gobiernos de Bachelet y ahora el de Piñera, fueron y son a favor del proyecto de HidroAysén. Los gobiernos de la concertación, por la premisa de dar trabajo que justificaba en ese entonces casi cualquier cosa, destruyeron mucho. Ahora por ser las hidroeléctricas un gran negocio, y el país estar hoy en manos de empresarios que ven en HidroAysén una oportunidad, y bajo la premisa del terror de decir que necesitamos más energía, son capaces de destruir un territorio como Aysén sin dudarlo. 

El proyecto ALUMISA encontró, al igual como lo es hoy ante el proyecto de HidroAysén, una fuerte resistencia de la comunidad aisenina, que tenía claro que a pesar de los posible beneficios “económicos”, el medio ambiente era más importante que cualquier dinero y eso no se negociaba. El debate de aquellos años no fue menor y, guardando las proporciones, las condiciones comparadas no han cambiado mucho el escenario en Aysén desde ese entonces. 

El gobierno de Frei Ruiz-Tagle utilizó el proyecto como caballito de batalla en varias elecciones municipales con el discurso de siempre, la generación de empleos. Luego lo continúo el gobierno de Ricardo Lagos, quien heredó este tema con la misma premisa y en una alianza con los salmoneros de la época por dar más trabajo, acordaron pedir una contra-parte técnica neutral y reconocida, al estudio medio ambiental que presentó ALUMISA para justificar su intención. Este estudio, realizado por la Universidad Católica de Santiago, fue financiado íntegramente por el gobierno de Ricardo Lagos. 

El informe fue claro y demostró que el proyecto atentaba contra el medio ambiente, y no era factible con la reglamentación medio ambiental vigente. Se desechó la intención y nunca más se habló del tema. 

Años después, en la cuenca del Baker al sur de Aysén, en la misma cuenca que hoy HidroAysén pretende intervenir con cinco represas, donde encontramos el lago más grande de Chile, el General Carrera y el río Baker -el más caudaloso- donde se originan los campos de hielos norte, la segunda reserva de agua dulce del planeta. 

Esta vez la intención fue de los salmoneros, quienes habían hecho muy buenas migas con el gobierno de Ricardo Lagos en la pelea en contra de ALUMISA, en la cual los salmoneros se opusieron drásticamente al proyecto, porque de haberse concretado la intención, les hubiese quitado el sello verde al producto salmón austral, lo mismo que sucedería hoy de aprobarse HidroAysén con la actividad del turismo. Presentaron la solicitud de usar las aguas del lago General Carrera y del río Baker para la instalación de jaulas. 

Lógicamente, también contaron con la venia del gobierno de Ricardo Lagos, quien veía con buenos ojos la implementación de la intención, por los supuestos trabajos que se suponía entregarían a las comunidades en la instalación y mantención de las jaulas. La corporación Costa Carrera, que en ese entonces dio la batalla por la cuenca del Baker, tenía claridad respecto a que el gremio de los salmoneros no tenía ninguna intención en invertir en tecnología no contaminante y que sus deseos eran simplemente invertir poco y ganar mucho, como todas las transnacionales. Hecho que quedó demostrado años después cuando, por falta de higiene ambiental y una buena fiscalización, les llegó el virus isa, destruyendo los fiordos de Aysén y del sur de Chile. 

¡Qué hubiese sucedido si no hubiésemos dado la batalla! Mostramos una actitud odiosa en su momento, poco entendida por las comunidades en ese entonces, menos aún por el gobierno, pero que salvaron el territorio y a su población de una contaminación que hubiese destruido su forma de hacer, y su valor más importante, su cultura, que se basa en el medio ambiente. Bastó en esos años que la corporación consiguiera una declaratoria de ZOIT (zona de interés turístico, la primera en Chile) para la cuenca del Baker, que obligaba a los salmoneros a presentar estudios de impacto ambiental, para que se olvidaran de la intención, ya que de ese modo “no era negocio”, había que invertir mucho para ganar no tanto... 

Hoy tenemos el mismo escenario con la intención de HidroAysén, invertir poco y ganar mucho. La gran diferencia en ese entonces radicaba en la actitud de los gobiernos de turno de la época, que tuvieron la honestidad de cumplir con su rol, y a pesar de ver con buenos ojos los proyectos no quisieron ir en contra del Estado de derecho y de garantizar y permitir a todos los chilenos, una evaluación seria con protocolos adecuados. La intención del gobierno actual es todo lo contrario, es ocultar un sin número de irregularidades que ha presentado el proyecto, por ver en él una posible solución a un problema de fondo energético en el país, y un gran negocio, pero que sin duda alguna no representa una solución real y no se condiciona con el afán de país de destruir un territorio de excepción por una intención que no es capaz de demostrar su certeza en la solución del problema. Vemos hoy algunos ministros de Estado, como ocurrió la semana pasada donde el ministro Galilea de agricultura, públicamente apoyó el proyecto, emitiendo opiniones favorables (antes de ser evaluado el proyecto) lo que sin duda no da garantías de una transparencia adecuada a la población de Aysén. 

El estudio de impacto ambiental que presentó HidroAysén tiene grandes falencias y presenta grandes omisiones que ponen un manto de dudas sobre la real capacidad de HidroAysén y su profesionalismo para resolver estas falencias. 

Dentro de las omisiones más importantes, encontramos la falta de una relación adecuada de los impactos ambientales de las líneas de transmisión en el medio ambiente y en las comunidades que se verán afectadas, en sus más de dos mil KM de extensión. 

No encontramos una identificación de los pros y contras del proyecto, la información es poco clara en términos científicos en sus términos básicos y fundamentales, como la falta de datos de referencia sobre el tipo de roca en que las cinco represas pretendidas serán construidas. Falta un plan adecuado y seguro en el manejo forestal de las reservas ambientales, y los Parques Nacionales, hecho que quedó al descubierto hace pocas semanas atrás, que obligó a una querella por parte de los diputados Girardi y Acorssi, al descubrirse que Baker 2 inundaba cien hectáreas del Parque Nacional Laguna San Rafael, y que el muro de contención de esta represa Baker 2, estaba en el mismo Parque Nacional, hecho inaudito y que lleva a reflexionar de la verdadera intención de la empresa en respetar el medio ambiente y la ley vigente. 

Se omitió –también- información relevante sobre los costos y beneficios del proyecto, que justificarían su construcción, con argumentos técnicos de su real viabilidad. Se omite una presentación adecuada de otras formas y alternativas de generación, que es un proceso estándar y obligatorio en los estudios de impacto ambientales en los países desarrollados y que las transnacionales en sus países de origen son obligados por ley, en este caso Italia. 

El estudio presentado omite los efectos potenciales del cambio climático a los cuales estarían expuestas las cinco represas, sobre todo si consideramos las crecientes inundaciones provocadas por los lagos de origen glacial, que ponen en peligro la integridad y el funcionamiento de las represas, y por ende de la seguridad de las comunidades, y la flora y fauna del lugar. También el estudio no reconoce en la práctica y ideológicamente las actividades económicas que se desarrollan en Aysén, especialmente el turismo de intereses especiales, que ha sido la piedra angular de la economía aisenina en los últimos veinte años, que solo en la cuenca del Baker existen al día de hoy más de sesenta complejos funcionando, que dan vida y desarrollo a la cuenca del Baker y a la región como un todo, con una importante inversión privada de varios millones de dólares, que de concretarse el proyecto verían destruidas sus actividades. Omiten el impacto social en las localidades intervenidas, especialmente en la capital de la provincia Capitán Prat, Cochrane, donde una población de 2500 habitantes será intervenida por más de siete mil trabajadores en la primera etapa del proyecto, mas todo el “equipo deportivo” para las actividades de esparcimiento que necesita el contingente de obreros en sus días de ocio. 

Debido a estas razones necesitamos una contra-parte clara, objetiva, neutral, de relevancia, acreditada y reconocida por las partes y muy profesional, que haga un estudio certero del estudio de impacto ambiental presentado por HidroAysén; que al día de hoy ha tenido más de mil observaciones de importancia, que necesitan ser aclaradas por un organismo independiente que entregue a la población de Aysén la confianza necesaria, de que las cosas se harán de acuerdo al estado de derecho y la constitución vigente. Se pueden decir muchas cosas a favor o en contra del proyecto, pero lo que realmente define si es viable o no, es la evaluación certera del estudio de impacto ambiental que presenta la empresa, y que por ley se le exige a estos proyectos. 

Hoy, lamentablemente, en Aysén no tenemos confianza en el gobierno para hacer estas evaluaciones, porque es un interesado más, demostrado a través de declaraciones de sus propios ministros. Lo que está en juego es demasiado importante para la población de Aysén, como para cometer errores irreversibles, y que además le costaran caros a la población y su desarrollo en Aysén.


Escrito por Andrés Gillmore