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Por Andrés Gillmore, secretario y vocero corporación Costa Carrera-www.costacarrera.cl

Sospechábamos que algo extraño sucedería con la visita del Presidente de la Republica Sebastián Piñera a la región de Aysén, finalmente no era una simple sospecha, algo intuíamos por el hecho de que la información de su visita nunca tuvo claridad del día de su arribo y su periplo por la región y nos encontramos finalmente con la “tan esperada sorpresa” que intuíamos que traería la visita, pero a pesar de ello nos pilló a todos mal parados, fue el mismo día del arribo del Presidente a Cochrane, capital de la provincia capitán Prat, que es precisamente el lugar donde será la base administrativa de trabajo de la empresa HidroAysén, en caso de aprobarse su intención de represar los ríos Baker y Pascua y construir cinco represas. LEER MAS...
Esta empresa transnacional de capitales italianos, dando muestras una vez más de su estrategia, adelantándose en casi diez días en la fecha en que tenía que efectuar la presentación de su ADENDA (contestación al saldo de las observaciones, que se le hicieron a su estudio de impacto ambiental) sin avisar, hizo de la visita del Presidente de la República, el marco oficial de la presentación de su contestación a las observaciones finales a su estudio de impacto ambiental, dando a la población de Aysén un aviso, un mensaje claro y rotundo,  de que ellos están con el Presidente.

Luego el Presidente siguiendo con su visita en Cochrane, en su discurso en un ambiente ya enrarecido por los acontecimientos imposibles de obviar, expuso el “Plan Aysén”, pero nuevamente quedamos atónitos, al enterarnos que la financiación del plan Aysén del gobierno pasa por una inversión privada que triplica la del gobierno.

El gobierno financiará con 750 millones de dólares al “Plan Aysén” y la empresa privada con dos mil millones de dólares, lo que inmediatamente activó las alarmas de los aiseninos, de dónde salen ­­­­los dos mil millones de dólares que aporta la empresa privada y surge la interrogante, de qué empresa privada estamos hablando, no queda otra respuesta lógica, solo puede ser que el gobierno sin tapujos está considerando como financiación del Plan Aysén,  los dineros que usaría HidroAysén para dar inicio a su proyecto y emplazar las bases estructurales del inicio de su operación en Aysén como parte de la financiación, un duro golpe que no esperábamos en la región; considerando que hoy la intención de HidroAysén aún está en veremos, en pleno inicio del proceso de evaluación por el CEA(Comisión Evaluadora Ambiental), lo que hace ver y remarca una vez más, los procedimientos que usa el gobierno y en cómo han estado sucediendo las evaluaciones ambientales en otras regiones del país, en especial del norte del país, con los ejemplos de Castilla, Campiche, etc., donde los estudios de evaluación ambiental, son apenas un mero trámite.

En Aysén todo indica que ocurrirá lo mismo sin salirse de regla; el proyecto ya estaría aprobado por el gobierno, solo faltando la representación final el último acto, partiendo de la base que la CEA es hoy quien evalúa el estudio de impacto ambiental de HidroAysén, esto debido al cambio de la ley 19.300 de medio ambiente, que regula el ingreso de los estudios de impacto ambiental, que determinó que el proyecto que pretende HidroAysén, será calificado de acuerdo a la nueva ley, por la Comisión Evaluadora Ambiental (CEA) que está compuesta por solo diez seremis representantes del gobierno, más la intendenta de Aysén, dejando fuera con este nuevo protocolo de evaluación, a los consejeros regionales, que son los que representan a la población de la región, con su visión, que hoy han quedado sin voz ni voto en esta nueva manera de hacer las cosas, a pesar de que ellos las personas del territorio pretendido la cuenca del Baker, son los más afectados por el proyecto.

Este grupo de SEREMIS en este nuevo formato llamado CEA, representa -sin duda alguna- la posición del gobierno pero no la de la población, que viendo los acontecimientos y las actitudes que hoy predica el Estado chileno, es totalmente a favor del proyecto y debido a esta actitud deja al CEA como una simple ordenanza, sin capacidad resolutiva alguna de forma independiente, solo obedeciendo órdenes del gobierno central, que es la de aprobar el proyecto, aunque este no reúna las exigencias que por ley tendría que cumplir, para transformarse en una intención real y de significancia.

Sin duda el tema de la conciencia de los evaluadores en este nuevo protocolo, es un tema de real importancia, que está siendo sujeta a la evaluación por parte de la población en la región, transformándose en un tema de debate del día a día en Aysén.

¿Hasta dónde un profesional es capaz de sobre llevar la presión que le ejerce su patrón, en este caso el gobierno y ser capaz de llevar esta responsabilidad y sus verdaderas implicancias a un punto profesional que le permita cumplir con su deber?

Para los miembros del CEA hoy la tarea es de grandes proporciones, donde tendrán que decidir a conciencia, entre la disyuntiva no menor, de perder el trabajo en caso de ser consecuentes con su profesionalismo y hacer una evaluación a conciencia, o tragarse el orgullo profesional y la ética, siguiendo los delineamientos del gobierno y del Estado de Chile, haciendo caso omiso de las insuficiencias del estudio de impacto ambiental a sabiendas del error y la destrucción que significará para la región, pasando sin duda alguna a los anales de la historia de Aysén, como parte del grupo de profesionales que vendió Aysén y vivir con ello para siempre.

El gobierno ha equivocado el rumbo, porque no ha sabido mantener su objetividad y se ha ido de boca en este tema, sin la perspicacia de -por lo menos- quedarse callados y hacer de cuenta ante la comunidad que son neutrales.

Todo esto acontecido por un sistema que hoy no funciona , porque no se relaciona con los parámetros por los cuales Chile ha sido desarrollado en teoría de acuerdo con la Constitución vigente donde se reconoce al Estado como un ente regulador y no como un ente participativo, de una democracia que pretende ser participativa pero que no lo es, y sí de negocios, transformándose a lo largo de los años de democracia, “En una democracia de negocios”, en un país donde sus gobernantes creen que todo lo manda el lucro, con un gobierno que no ha sabido guardarse el respeto propio

El gobierno con su actuar dejó de ser un árbitro, transformándose en un interesado más, en un socio más, de un sistema que da muestras claras de una incompatibilidad de funciones, que lo hace ser, a esta altura, un Estado flojo y sin perspectiva de futuro, que en vez de marcar su pauta, se rige por la pauta de las transnacionales extranjeras.

Hoy en Aysén estamos a punto de mandar la teoría de un Estado solidario y una democracia participativa al tacho de la basura sin más ni menos, poniendo de manifiesto que el sistema en esta realidad no funciona,  es falto de las garantías mínimas para la población y lo que es más preocupante aún, destruyendo sin tapujos un país, por esa falta de consecuencia y de visión, con un negocio hidroeléctrico, que de seguro nos arrepentiremos en un futuro muy próximo de haber permitido. Tal cual como nos arrepentimos hace un par de años, de haber cambiado la matriz energética a gas natural argentino, con las consecuencias nefastas de esa terrible decisión; las represas de Aysén en caso de aprobarse, será el más triste recordatorio de cómo no se deben hacer las cosas en el país y viviremos para contarlo.

Hoy más que nunca por el bien del país, debemos tener la capacidad de ver que en Aysén se está jugando con un precedente de relevancia nacional, siendo hoy la gran oportunidad de ejercer una democracia participativa de verdad, que nos permita hacer una revisión de los protocolos realizados hasta hoy en materia de fiscalización ambiental y que estos no sean apenas un mero trámite y si una oportunidad real de perfeccionar los proyectos y su intención, creando la opción de tener la capacidad de una proyección de desarrollo, que sea consecuente y con altura de mira, por el bien de los aiseninos, el país y los habitantes de los territorios en que a futuro serán evaluados, que se merecen una oportunidad donde se los considere y se los proyecte hacia un futuro mejor, que permita una real predisposición del Estado de Chile a hacer las cosas bien y de acuerdo con la verdadera constitución de Chile, donde todos son parte de un mismo sistema y la diferenciación social, más que una diferencia, sea una oportunidad real de mejorar las cosas.

Fuente: el navegable.