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La nueva legislación establece que la emisión de 30 microgramos por metro cúbico para las centrales nuevas y 50 para las existentes. Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política (IEP) y copresidente de la Federación de Partidos Verdes de las Américas, señala que el problema de lo que vio reflejado en el documento presentado por el Gobierno es que las normativas tienen cuatro años para ser cumplidas y cuatro años para ser revisadas. En la práctica, eso significa que cada central termoeléctrica tendrá ocho años funcionando antes de ser regulada.
El argumento esgrimido por el Ejecutivo es que con la aprobación de la normativa, Chile se ajusta a los parámetros de la Unión Europea. Sin embargo, Manuel Baquedano explica que ello es una tergiversación, ya que la norma europea contiene muchos detalles que no han sido abordados acá.

Otro de los puntos que no es bien visto por los ambientalistas es el posible conflicto de intereses que pudo haber existido tras la modificación de la ley. Inicialmente, el anteproyecto hecho durante el gobierno de Michelle Bachelet, era bastante más severo en el control de emisiones de gases.

Casi todo el staff cercano al Presidente en temas ambientales estuvo vinculado con empresas termoeléctricas en el pasado, por lo cual son señalados de tener conflictos de interés. De hecho, la misma ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, trabajó para la consultora GAC (que se encargó del estudio ambiental para el proyecto termoeléctrico Barrancones).

El presidente del Partido Ecologista de Chile, Alejandro San Martín, también manifiesta sus dudas ante el ablandamiento de la ley, existiendo tantos cercanos a las termoeléctricas en el Gobierno. Recalcó además, en la misma línea de Manuel Baquedano (en la foto), que la ley no es igual a la normativa europea pues se vuelve flexible con la emisión de metales pesados, como es el caso del Níquel.

Además, el Dióxido de azufre se sube a 400 mg/Nm3 y el Óxido de nitrógeno sube a 500 mg/Nm3, respecto a la versión inicial del proyecto. Por lo tanto va a haber una mayor emisión de gases peligrosos para las personas respecto a la idea inicial redactada en la administración Bachelet.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron adversas ante la firma de la nueva norma. Por ejemplo, el alcalde de Quillota, Luis Mella, quedó muy satisfecho con la medida e indicó que “es una gran noticia para el país, especialmente por la protección de la salud de las personas”. Recordemos que Quillota está viviendo una de las situaciones más graves del país con las centrales San Isidro y Nehuenco en sus cercanías.

Otro alcalde que se mostró satisfecho con la norma, fue el mandatario de Puchuncaví, Agustín Valencia, quien está más tranquilo pues en la zona se obligará al menos a diez industrias contaminantes a mejorar sus emisiones. Esto siempre y cuando las empresas cumplan con las regulaciones.

El alcalde Valencia recordó también que el crédito no es solamente de este Gobierno pues, el trabajo es anterior en su formulación. “Le reconozco al Presidente que haya dado un paso importante en esto, pero creo que este es un trabajo que ha venido permanente en el tiempo”.

En resumen, según los ambientalistas, el balance no es positivo para la normativa que se ha presentado y las termoeléctricas en Chile no sólo quedan aprobadas, sino que tendrán un margen mucho más blando que lo que en realidad se permite en Europa, como señaló Sebastián Piñera cuando le puso la firma y la dio a conocer.