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En el caso de Hidroaysén el negocio no es tanto la producción de la energía sino que la transmisión. Esto se observa en las inversiones requeridas para el proyecto: mientras las cinco centrales hidroeléctricas tendrían un costo de inversión de US$ 3.200 millones; la línea de transmisión que recorre 1.912 kilómetros desde la Región de Aysén hasta Santiago, bordearía los US$ 3.800 millones.

Desde el 3 de enero, Hidroaysén cuenta con una gerencia de transmisión, la cual es liderada por el ingeniero civil electricista, Pablo Botteselle de la Fuente (58). Él es el encargado de definir exactamente por dónde pasará la línea y de qué forma se instalarán las 3.800 torres de transmisión, es decir, sacar adelante esta parte del proyecto. En noviembre, la sociedad compuesta por Colbún y Endesa, espera entregar el Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión y ya se puede observar por dónde irá el trazado, porque Hidroaysén tiene en su poder varias concesiones mineras (que permiten devaluar el precio de los terrenos, ahorrar futuras indemnizaciones e ingresar al lugar sin necesidad de permisos), que van en línea continua desde Aysén hasta Santiago.

Pese a que Daniel Fernández afirma que “las empresas modernas, con proyectos de envergadura y estratégicos, que tienen efectos medioambientales, tienen que comunicar y dar a conocer a la población lo que están haciendo”, Hidroaysén no ha querido revelar la ubicación del trazado de las torres de transmisión. “No estamos listos para presentarlo”, dice María Irene Soto, encargada de comunicaciones. En la oposición, Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram, asegura que Hidroaysén “mantiene el secretismo porque saben que cuando se haga público, se van a desatar varios conflictos ambientales”.

Hidroaysén tendrá que negociar con al menos 2 mil propietarios el uso del terreno, a los cuales deberá compensar económicamente mediante un acuerdo o a través de la Comisión de Hombres Buenos, que designa el Ministerio de Economía. De llevarse a cabo, la negociación con cada propietario se haría por separado, una vez que se presente el Estudio de Impacto Ambiental en noviembre. Esto le da espacio a la empresa para establecer compensaciones desiguales, en base a buenas o malas negociaciones que haga con cada persona.

Patricio Rodrigo, secretario del Consejo de Defensa de la Patagonia, organización que lidera la campaña Patagonia Sin Represas, dice que “uno de los beneficios que Hidroaysén le puede sacar al silencio, es que de esa forma van a pillar a los propietarios desprevenidos… no van a alcanzar a hacer una buena defensa”. Además, asegura, que con el sólo hecho de solicitar las concesiones mineras, Hidroaysén “está afectando el patrimonio económico de los propietarios, quienes ven sus propiedades depreciadas”.

Una de las dudas que surgen, frente a las eventuales negociaciones que deberá hacer Hidroaysén con los propietarios es si los US$3.800 millones que se invertirán en la línea de transmisión, incluyen el pago de las compensaciones.

Otro de los obstáculos para definir el trazado, es el eventual paso por áreas protegidas públicas y privadas, como también el paso por territorios de comunidades indígenas. Hidroaysén ya descartó pasar por el Parque Pumalín, de propiedad de uno de sus mayores opositores el norteamericano Douglas Tompkins. Pero aún quedan puntos complejos porque el trazado hecho en base a las concesiones mineras evidencia que la línea pasará por al menos seis parques nacionales y ocho sectores indígenas.

Hidroaysén planea esconder parte de la línea de transmisión tras los cerros y eso implicaría la instalación de torres en terrenos vírgenes y sin vías de acceso. Frente a esto, Daniel Fernández asegura que si la torre está “en medio del bosque, se va a instalar con helicóptero”, agregando que ya han mandado personal de la empresa a conocer este sistema de instalación a Estados Unidos. Por otro lado, las torres que irían cercanas a la carretera, serían trasladadas en un camión para su instalación.

El tipo de corriente que se utilizaría sería la continua y Fernández explica que se tomó esta decisión por que “sólo se pierde un 8% de energía en el transporte, mientras la alterna pierde un 18%”.

Cada torre tendría una altura que alcanza los 70 u 80 metros, dependiendo si está en línea o en puntos de quiebre del trazado. La estructura base de las torres miden entre 5 y 7 metros cuadrados, aunque Hidroaysén contaría con un derecho de paso de 70 metros en la zona de la torre. Fernández explica que ahí ellos pueden “entrar, reparar… también hay ciertas restricciones y por eso se tiene que compensar (al propietario del terreno)”.

En estos 70 metros Fernández asegura que “no necesitas hacer tala raza en ningún punto, sólo para despejar el área de la base de la torre”, por otro lado, explica que “la norma establece que no puede haber menos de 15 metros entre la punta de un árbol y un conductor, por lo tanto si el árbol está muy alto vamos a tener que cortarle la punta”. El podado de árboles, sería parte del trabajo de mantención de la línea de transmisión, una vez instalada. Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, asegura que con esto “Chile parecería tener una cicatriz, porque la línea hay que mantenerla descubierta, despejada y con protecciones”.

No se sabe si Hidroaysén esconderá la línea de transmisión tras los cerros o seguirá la línea de la carretera Austral, pero Daniel Fernández asegura que “en la región (de Aysén) la gente y las autoridades tienden a preferir que no se vea”. Lo que presenta un desafío en sí, porque al no existir caminos, el proceso de instalación de las torres se dificulta y los costos aumentan.

Son cinco las centrales hidroeléctricas que planea construir Hidroaysén, para alimentar al Sistema Interconectado Central (SIC). Para hacerlo, deberá trasladar la energía desde la Región de Aysén a Santiago y el punto de partida de la línea de transmisión, sería en el lugar de la central hidroeléctrica Baker 1, sitio que se puede ver desde la carretera Austral.

De sur a norte –y en base al trazado de concesiones mineras que posee la empresa – la primera Reserva Nacional (RN) que atraviesa es la del Lago Cochrane, también conocido como RN Tamango. Luego pasaría por la RN Cerro Castillo, donde Fernández asegura que la línea no afectará la vista que se tiene desde la carretera Austral, al Cerro Castillo. Por lo que probablemente –de ser así – ese tramo se instalaría entre los cerros y no siguiendo la línea de la carretera.

El trazado continúa en las cercanías de la RN Coihaique, donde también se encuentra una comunidad indígena en el camino. La siguiente reserva natural posiblemente afectada, es la RN Lago las Torres, ubicada en las comunas de Coihaique y Lago Verde. Más adelante, pasaría cerca de la RN Lago Carlota, para luego bordear el Parque Nacional Corcovado, ubicado en la Región de Los Lagos.

En Chaitén la línea se sumerge y sale en Puerto Guadal, al poniente de Puerto Montt, evitando pasar por Puerto Varas y el Lago Llanquihue. Serán 160 kilómetros y se estima que cada kilómetro sumergido costará US$9,2 millones. De esta forma, se evita pasar por el Parque Pumalín.

Saliendo de Puerto Montt hacia el norte, el siguiente punto de conflicto se encuentra entre la comuna de Mariquina (Región de Los Ríos, provincia de Valdivia) y la comuna de Toltén (Región de la Araucanía), donde hay cuatro áreas de comunidades indígenas que se podrían ver afectadas. Un poco más al norte de esta región, en la provincia de Cautín, se encuentran dos comunidades indígenas más. Lo mismo sucede entre las comunas de Lautaro y Victoria.

Saliendo de la Región de la Araucanía, donde se concentrarían los problemas con las comunidades indígenas, la línea de transmisión seguiría derecho hasta la altura de El Tabo, donde doblaría hacia la cordillera, ingresando a Santiago por el sector sur poniente.

Fuente: el mostrador