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Con su terca negativa a acoger las condiciones mínimas y de sentido común planteadas por el movimiento estudiantil, el Gobierno mostró una vez más su doble discurso y que sus plañideros llamados al diálogo no eran más que un recurso para ganar tiempo, en la estrategia orientada a esperar el desgaste del movimiento. Peor aún, las razones invocadas por el Ministro de Educación Felipe Bulnes, son pretextos futiles y baladíes, que no resisten el menor análisis.

El Gobierno, a través del Ministro de Educación Felipe Bulnes, entregó su respuesta al listado de condiciones que entregó la Confech para dialogar, y lo hizo de la peor manera posible: rechazó de plano la recalendarización del año escolar y la paralización de los proyectos del ley que ya fueron enviados por el Congreso; accedió a transparentar el proceso de diálogo, aunque no por televisión, y aseguró que la Superintendencia de Educación Superior se encargaría de la solicitud de dejar de entregar recursos públicos a los planteles con fines de lucro. LEER MAS...O sea, nada.

En relación al primer punto planteado por el movimiento en torno la readecuación del calendario escolar en atención a los créditos y becas, el Gobierno precisó que esto no es posible ya que incluso agregando semanas de clases en enero no se podría compensar el tiempo perdido por los meses de paralizaciones. Sobre las actividades académicas universitarias, el secretario de Estado insistió en que el primer semestre debe finalizarse, a más tardar, el 7 de octubre para comenzar el segundo el 10 y cumplir con las 16 semanas reglamentarias para acceder a los beneficios.

Esta era una de las peticiones más fáciles de ser cumplidas. Pero con una visión positivista, que no se hace cargo de la existencia de un conflicto muy severo, el Gobierno la descarta con una excusa pueril.

Sobre la solicitud de congelar la tramitación de los proyectos de ley que se están analizando en el Congreso como la renegociación de la deuda de los morosos y la rebaja al 2 por ciento del Crédito con Aval del Estado, Bulnes indicó que “no podemos paralizar como Gobierno y dejar de cumplir nuestra función que es el envío de iniciativas legales”.

El titular de Educación aseguró que estos proyectos beneficiarán a un total de 500 mil personas y que en el caso del CAE al 40 por ciento de la población más vulnerable del país que, según él, “ni siquiera estudia en las instituciones ligadas a la Confech”.

Al Ministro nadie le preguntó acerca de a cuántas personas "benefician" esos proyectos de ley. La solicitud se fundamentaba en que si el Gobierno envía proyectos de ley con independencia del proceso de diálogo, entonces para que diablos convoca a dialogar.

De otra parte, esta respuesta revela que nunca ha estado en la intención del Gobierno apartarse un milímetro del neoliberalismo estratégico, que entre sus componentes principales, tiene al lucro en la educación, y evitar a como de lugar, la gratuidad de la misma.

Respecto del tercer punto, el Ministro simuló coincidir con los estudiantes en relación a la necesidad de transparentar el proceso de debate. Pero conforme a la proverbial hipocrecía del Gobierno, sacó a relucir de inmediato la letra chica: rechazó realizarlo a través de un formato televisado, como lo solicitaba la Confech, sino a través de un sistema de actas públicas donde se explicite en qué ámbitos se llegó a acuerdos y en cuáles no.

¡Paparruchadas! Como si el común de la ciudadanía tuviese tiempo y disposición de consultar dichas actas, y además pudiese hacerlo en el momento de la discusión.

Finalmente, sobre la exigencia de que no se entreguen recursos públicos a las universidades con fines de lucro, el ministro reiteró el envió en octubre del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior. De acuerdo a lo que comentó, esta entidad sería la encargada de fiscalizar que las instituciones de educación superior cumplan con la legislación. También deberá requerir la información financiera de los planteles, que incluirá ingresos, costos  y estados de resultado.

Nuevamente lo mismo: el Gobierno invitaba a un diálogo condenado al fracaso, toda vez que concurría a él con sus decisiones estratégicas tomadas, en este caso, la burocracia que se creará para "garantizar la calidad de la educación".

En otras palabras, por medio de argumentos futiles e insostenibles, el Gobierno le asestó un portazo al diálogo que había convocado. Con una tosca ironía, el Ministro de Educación dijo que que el diálogo con los estudiantes secundarios, universitarios y profesores con el Parlamento será tomado en cuenta en la tramitación de los proyectos.

O sea, si la intención del Gobierno fue siempre trasladar el conflicto estudiantil al Congreso, donde sabe que gana por secretaría, como en el año 2006, no tenía para que haber convocado a un diálogo sin sentido ni propósito, como no haya sido una jugarreta para permitir que el Presidente apareciera desgranando su conocida sarta de lugares comunes, y simulando invitar a un diálogo en el que nunca creyó.

Ello no fue obstáculo para que Bulnes le colocara la guinda a la torta: "por nuestra parte van a contar con la mejor disponibilidad de desarrollar un diálogo franco y abierto".

¡Caraduras!

La Confech está reunida en Valparaíso y se espera que comuniquen su apreciación sobre la respuesta del Gobierno durante esta noche o el viernes. Lo mismo sucederá con la Cones que, en estos momentos, mantiene un encuentro en Rancagua.