Decidida a llegar hasta las últimas consecuencias está Patricia Cocas, esto, según la misma, es ver durante la investigación del caso las responsabilidades de Sergio Echeverría, alcalde de San Joaquín, en los hechos acontecidos el 17 de octubre donde funcionarios del municipio inyectaron una sustancia letal a perros abandonados en plena vía pública.La líder de la ONG, señaló a PrensAnimalista que interpondrán con seguridad el lunes 24 de octubre en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, una querella criminal contra quienes resulten responsables por la brutal y masiva eliminación de perros abandonados en dicha comuna. Manifestó que a la causa se están sumando más antecedentes, los cuales agravarían de manera significativa los hechos. LEER MAS...
“Acá hay dos delitos graves. El primero es maltrato y crueldad animal; y el segundo es la manipulación indebida de fármacos por parte de personal no capacitado. A esto se agrega la falta de probidad administrativa por parte de Sergio Echeverría. En caso de rectificar el dolo, la consecuencia sería la destitución del edil de de sus funciones”,En la misma línea, la dirigente manifestó que este caso ha sido uno de los más impactantes que ha visto durante su trayectoria de defensora de los derechos animales, y que las imágenes que causaron conmoción pública no son hechos aislados como señaló Echeverría, dicha situación tiene una trayectoria de más de 18 años según funcionarios del municipio.
Cocas agregó que “fueron los mismos trabajadores de la municipalidad quienes nos confirmaron que eliminan sistemáticamente perros abandonados de esta forma tan cruenta. Hace más de 18 años que el municipio está actuando ilítamente de esta manera y desde 2004 que Luis Donoso (jefe Higiene Ambiental, de profesión administrador público), ordena eliminar a los canes que transitan por la vía pública, estén sanos o no, con o sin dueño”.
Sobre la falta de probidad administrativa del alcalde en cuestión, Alejandra Cassino, directora ejecutiva de la Coalición por el Control Ético de la Fauna Urbana, CEFU, señaló a Prensa Animalista que están elaborando una presentación a Contraloría para que ésta se pronuncie sobre la ilegalidad del acto. “Esto complementa las acciones que -entiendo- ya realizan ante el Ministerio Público otras agrupaciones como Proanimal y, por supuesto, esperamos que sirvan para apoyar la investigación iniciada por el municipio”, dijo.
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