Luego de la exitosa marcha del día jueves 28 de abril, organizada por la CONFECH pero que convocó a más de 8.000 estudiantes de Universidades tanto públicas como privadas e incluso al Magisterio, la ANEF y el Consejo Nacional de Trabajadores de las Universidades Chilenas, la vocería por parte de la derecha recayó en la presidenta de la Comisión de Educación de la cámara baja, la diputada María José Hoffman (UDI) y en Fernando Rojas, Subsecretario de Educación. Al parecer el mediático ministro Lavín prefirió abstenerse de aparecer en los medios ante la gran demostración de fuerza que realizó el movimiento estudiantil. LEER MAS...
Las declaraciones de estos dos personeros muestran el evidente deseo de la derecha de avanzar contra viento y marea hacía una reforma a la educación superior que fortalezca la educación privada, consolide el lucro y no avance en la necesaria democracia que deben tener las entidades educacionales.
Pues, cuando la diputada Hoffmann plantea que este paro le da la razón al ministro: hay que corregir el sistema, no es más que un inútil intento de tapar el sol con un dedo. Pues lo que se expresó en la masividad de la marcha fue un contundente rechazo a los planes privatizadores que pretenden realizarse en la educación.
Queremos recordarles a las autoridades que nuestras demandas distan mucho de ser meras defensas a los intereses de unos pocos privilegiados. En ellas hemos planteado, por ejemplo, la necesidad de hacer una reestructuración profunda al sistema de becas, con un necesario reajuste y ampliando su cobertura para así terminar con la horrorosa realidad del alto endeudamiento con el cual terminan los jóvenes por acceder a la educación superior; hacer efectivo la prohibición al lucro en las entidades de educación superior para que los esfuerzos económicos de los estudiantes que entran a entidades privadas no vayan destinado a enriquece a un sector privilegiado de la sociedad; democratización de los espacios universitarios, para que los estudiantes, funcionarios y académicos de todas las casas de estudios puedan participar en los procesos de toma de decisiones; aumento del gasto social en educación pública para poder terminar con el autofinanciamiento de las instituciones Estatales que elevan año a año los costos para educarse y que les permita desarrollarse y salir de la crisis financiera en la que se encuentran, como es el caso de la mayoría de las universidades estatales de regiones que acogen a gran parte de los estudiantes más vulnerables del país.
Si el Gobierno estuviera realmente preocupado de la situación económica de los estudiantes acogería sin mayor inconveniente nuestras demandas.
Somos conscientes de la situación precaria que viven los estudiantes de los centros de formación técnica e institutos profesionales. Por ejemplo, nos preocupa saber que un alto porcentaje de los estudiantes al egresar no encuentran trabajo en lo que estudiaron. ¿Vamos a seguir permitiendo que empresarios inescrupulosos abran y abran carreras, por la mera ambición del lucro, sin garantizar la existencia de campo laboral real para sus egresados? Esto más aun considerando las deudas con altos intereses que deben pagar los estudiantes, aun cuando ni siquiera su esfuerzo por estudiar muchas veces le permita acceder a un trabajo relacionado a lo que estudió y se endeudó.
Ante la crisis de la educación superior es una irresponsabilidad plantear que basta solamente repartir de mejor forma la torta. Se requiere, en primera medida, aumentar el gasto público en educación superior y que dichos recursos estén orientados de manera efectiva al desarrollo de una mejor calidad de la educación, potenciando el sistema público, mejorando el sistema de becas, haciendo reformas al acceso y haciendo retroceder la lógica crediticia que genera una enorme deuda difícil de sobrellevar para los estudiantes de Chile.
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