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Era un hecho que venía sonando con fuerza desde hace algunos días, cuando el escándalo por el fraude financiero de La Polar decantó y se fueron aclarando las responsabilidades -al menos administrativas- de varios ejecutivos que habían pertenecido o se encontraban dentro del directorio de la multitienda al momento de las repactaciones ilegales.

Dentro de los 18 ejecutivos resaltan el ex ministro de Transporte del gobierno Bachelet, René Cortazar, quien hoy es el presidente del directorio del Canal 13. Así mismo, en la mira de la Superintendencia aparece su colega Baltazar Sánchez, presidente del directorio de Megavisión y uno de los hombres fuertes del grupo Claro. LEER MAS...

Así lo anunció el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, quien precisó que los cargos incluyen además a la auditora PriceWaterHouseCooper y al socio a cargo y al socio a cargo de la auditoría de Empresas La Polar S.A. para el ejercicio 2010, Luis Alejandro Joignant, por la presunta infracción a las obligaciones que les imponen los art. 239, 240, 246 y 248 de la Ley de Mercado de Valores y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.

Esto en el marco del escándalo surgido luego que la multitienda del retail admitiera haber realizado repactaciones unilaterales a más de 418 mil clientes.

Se trata del ex director y presidente del directorio de Pablo Alcalde, ex presidente del directorio de la compañía , Julián Moreno, ex gerente corporativo de productos financieros del retail, Nicolás Ramírez, ex gerente general corporativo, María Isabel Farah, ex gerenta corporativa.

A estos se suman Andrés Ibáñez, Fernando Franke, Raúl Sotomayor, Jacques de Montalembert, René Cortázar y Francisco Gana, quienes se desempeñaron como directores y miembros del comité de directores de La Polar.

Además de Baltazar Sánchez, Norberto Morita, Heriberto Urzúa y María Gracia Cariola, quienes se desempeñaron como directores de La Polar, por presunto incumplimiento de las obligaciones de cuidado y diligencia que la Ley de Sociedades Anónimas en sus art. 39 y 41 le imponen a los directores de las sociedades anónimas.

Daniel Meszaros y Santiago Grage, quienes en su calidad de gerentes corporativos de La Polar, por presunta infracción de las prohibiciones asociadas a la transacción de acciones estando en posesión de información privilegiada tipificada en el art. 165 de la Ley de Mercado de Valores, al haber enajenado acciones de Empresas La Polar S.A. en circunstancias que, en razón de sus respectivos cargos, habrían conocido la real situación financiera de la sociedad.

Martín González, quien se desempeña como gerente general interino de La Polar desde Enero de 2011, por presunta infracción del art. 42 N°4 de la Ley de Sociedades Anónimas que, en materia de responsabilidad de gobierno corporativo, prohíbe presentar a los accionistas cuentas irregulares, informaciones falsas u ocultar informaciones esenciales.

“Las formulaciones de cargos se circunscriben a la presunta responsabilidad de los actores antes señalados en las prácticas ilegales de Empresas La Polar S.A. (“La Polar”) por haber proporcionado y certificado información no veraz sobre la situación financiera de la empresa a esta Superintendencia y al mercado en general, por faltas al deber de cuidado y diligencia aplicable a los directores y ejecutivos, y por el eventual uso de información privilegiada por parte de algunos de los inculpados”, detalló la autoridad.

El superintendente agregó que las formulaciones de cargos, adoptadas en el marco del proceso administrativo realizado por esta Superintendencia, están fundadas en los antecedentes, documentos, registros y testimonios recabados a la fecha, y habida consideración de los diversos grados de participación de cada uno de los actores involucrados y al período en que se desempeñaron en Empresas La Polar S.A.

Las personas formuladas de cargos tienen un plazo inicial de 10 días hábiles contados desde la respectiva notificación para presentar sus descargos y solicitar, si lo estiman pertinente, la apertura de un período de prueba. Una vez cumplido este proceso y con todos los antecedentes, la SVS debe resolver si mantiene los cargos formulados, en cuyo caso aplicaría una sanción administrativa, o bien, puede recalificar las situaciones objeto de cargos o absolver a las personas en la medida que se acredite falta de responsabilidad.

Coloma agregó que la SVS continúa investigando las situaciones y hechos derivados del caso La Polar que puedan involucrar a otras personas o entidades.

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