Aprovechando las últimas horas del año, y desde su retiro vacacional en Hawaii, el presidente de Estados Unidos firmó ayer una polémica ley de defensa que permite, entre otras cosas, la detención y custodia de sospechosos de terrorismo por parte del Ejército y que prohibe por espacio de un año fiscal la transferencia de presos de Guantánamo a suelo norteamericano para ser juzgados. Barack Obama lo hizo expresando su escepticismo y recurriendo a un método poco común en su Administración: un comunicado en el que anunció la entrada en vigor de la ley y en el que, a la vez, deploró sus disposiciones.
“El hecho de que yo apoye esta ley en su conjunto no significa que esté de acuerdo con todo lo que contempla”, dijo el presidente en ese comunicado. “En concreto, he firmado la ley a pesar de tener serias reservas con algunas disposiciones que regulan la detención, interrogatorio y enjuiciamiento de supuestos terroristas. En los últimos años, mi Administración ha desarrollado un marco eficaz y sostenible para la detención, el interrogatorio y enjuiciamiento de sospechosos de terrorismo, que nos permite maximizar nuestra capacidad de recabar información y de incapacitar a sujetos peligrosos en situaciones de rápido desarrollo, y los resultados que han logrado son innegables”. LEER MAS...
Obama ha tenido que firmar una ley con la que no está de acuerdo porque la finalidad general de esa norma es financiar en parte a las tropas y la guerra de Afganistán. La ley contempla una inversión de 662.000 millones de dólares (511.000 millones de euros) en el año fiscal 2012, que acaba en octubre. Además, esa norma amplía las sanciones sobre el banco central de Irán, en respuesta a los avances del régimen de los ayatolás en materia nuclear. La Casa Blanca ha dicho que buscará suavizar esas sanciones, para evitar más incrementos del precio del crudo, que en los pasados días superó los 100 dólares por barril.La ley la aprobó el Senado el pasado 15 de diciembre, en un mayoritario voto de 86 congresistas a favor y 13 en contra, con demócratas y republicanos en ambos bandos. La provisión más polémica es la que recoge el apartado 1021, la “afirmación de la autoridad de las fuerzas armadas de EE UU para detener a las personas cubiertas por la autorización del uso de la fuerza militar”. Eso significa que a los sospechosos de terrorismo los puede detener el Ejército “sin juicio y hasta que acaben las hostilidades”. Según está redactada, la ley permite laEjército detención de ciudadanos norteamericanos en suelo nacional de EE UU.
Obama rechaza la medida en su comunicado: “Quiero clarificar que mi Administración no autorizará el uso de las detenciones militares indefinidas sin juicio a ciudadanos norteamericanos”. La Casa Blanca logró que el Congreso modificara la ley en otra provisión, la número 1022. Ésta contemplaba inicialmente la detención militar de sospechosos de terrorismo extranjeros, y le privaba al presidente de la potestad de llevar a esos detenidos a juicio en tribunales civiles. Después de intensas negociaciones, Obama logró que se aprobara un apéndice que le permite pedir permiso al Congreso para juzgar a los supuestos terroristas por la vía civil, si demuestra que eso obrará en beneficio de la nación.
Todas esas disposiciones de la nueva ley, sin embargo, complican la labor de organismos como el FBI, la policía judicial, que se encarga de investigar y detener a sospechosos de terrorismo en suelo norteamericano, sin que importe si son ciudadanos norteamericanos o no. A partir de ahora, teóricamente, tiene prioridad en su arresto el Ejército.
La ley, además, supone un golpe a las intenciones de Obama de cerrar el centro de detención de la base naval de Guantánamo. Prohíbe, concretamente, el uso de fondos para trasladar a supuestos terroristas que aguardan juicio de esa base en la isla de Cuba a suelo nacional norteamericano durante el ejercicio fiscal 2012. En principio, la Casa Blanca quería juzgar a los ideólogos de los atentados del 11-S, Khaled Sheikh Mohammed entre ellos, en juzgados de Manhattan, algo que no pudo culminar debido a la presión política.
“Me opongo a esa provisión”, dijo Obama, “porque se entromete en la autoridad del poder ejecutivo de determinar cuándo y dónde se debe juzgar a los detenidos en Guantánamo, sobre la base de las circunstancias de cada caso y de los intereses de nuestra seguridad nacional”.
A pesar de las reservas manifiestas de Obama, esas provisiones son ahora legales, algo que provocó ayer en enfado de las agrupaciones de defensa de los derechos civiles. “Las acciones de hoy del Presidente Obama han malogrado su legado porque ahora se le recordará para siempre como el presidente que ratificó la detención indefinida sin que se presenten cargos o sin juicio”, dijo ayer Anthony Romero, director ejecutivo de la American Civil Liberties Union. “Es un estatuto particularmente peligroso, porque no tiene limitaciones temporales o geográficas, y pueden usarlo éste y futuros presidentes para ordenar la detención militar de personas capturadas lejos del campo de batalla”.
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