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Después de la venta de las acciones de los ciudadanos en las sanitarias Aguas Andinas (39%) el 15 de junio, Essbio (38,44%) y Esval (24,43%) el 15 de julio, el Gobierno de Sebastián Piñera, ha consumado, sin mediar ninguna consulta a los ciudadanos, ni al Congreso Nacional, la propiedad pública de todos los chilenos sobre las empresas de agua potable; entregando la gestión de este servicio esencial en manos del sector privado.

Con ello CORFO ha recaudado un total de 1.500 millones de dolares, pero el Estado dejará de percibir 160 millones de dólares anuales que le rentaban dichas acciones. Esto constituye “pan para hoy y hambre para mañana”, es decir un perjuicio para todos los chilenos. LEER MAS...

Los senadores además expresaron que Cheyre tomo una decisión inconstitucional e ilegal.

Ello fue fundamentado por el abogado constitucionalista y académico, Francisco Zúñiga, quien señaló que enajenar las acciones del Estado, recurriendo al mecanismo de recursos prescindibles, es un procedimiento inconstitucional, porque contraviene una condición básica del Estado, establecida en el Artículo 63, número 10 de la Constitución; la cual señala que esta materia es del dominio de la ley, y por tanto no del resorte de la decisión administrativa o corporativa de una empresa pública, lo sería una vía para declarar la nulidad de derecho público de CORFO.

Las empresas ESVAL, ESSBIO, AGUAS ANDINAS y ESSEL, en las que el Estado tiene participación minoritaria no son empresas del Estado, y por ende se encuentran sometidas al derecho común de la empresa (derecho comercial).

Pero al mismo tiempo desde la perspectiva pública del Estado, y del Estado Empresario en particular, “administrizar” las decisiones sobre bienes públicos, sería admitir un verdadero “fraude a la Ley”. Seria ignorar el derecho público económico, es decir, “aquella parte del ordenamiento jurídico constituida por las normas constitucionales y legales que rigen a las empresas del Estado, o a la actividad empresarial del Estado y a su régimen de bienes”. Esta infracción de la Constitución y del derecho económico por parte del vicepresidente de CORFO, al enajenar mediante subasta pública activos del Estado, debiera ser sancionada por la Justicia ordinaria y por el Tribunal Constitucional.

Los ciudadanos debemos tener claridad sobre cuales autoridades gubernamentales recae la responsabilidad administrativa, civil funcionaria y constitucional respecto del patrimonio público comprometido en las decisiones de enajenación.

Adicionalmente a estas acciones analizadas en el Senado, el Programa CHILE SUSTENTABLE y la Federación Nacional de Trabajadores de las Sanitarias (FENATRAOS) han manifestado reiteradamente que la venta de las sanitarias es un “fraude contra los chilenos” porque constituye un pésimo negocio, en que el Estado deja de percibir anualmente recursos relevantes, lo cual va en detrimento de los fondos públicos, que se requieren en forma continua para solventar el fomento productivo y la innovación.

Pero la manipulación de la ley y el saqueo de los bienes públicos en Chile, continúa.

La venta de las sanitarias es una acción ilegal y significa un perjuicio económico para los chilenos. Por ello requerimos una acción rápida del Parlamento, de los gremios, de los ciudadanos y de los tribunales de justicia, para la restauración del orden jurídico y del bien común: principios fundamentales de la democracia, pero que al actual gobierno parecen importarle muy poco.

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