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Con 1.600 kilómetros de separación y dos realidades geográficas distintas, Santiago   y  Calama  enfrentan hoy el mismo  problema: les quieren quitar el agua.

En Ia II región, la empresa Aguas Antofagasta, propiedad del grupo Luksic,  que además es una de las sanitarias más multadas del país, le ha vendido 550 litros por segundo de agua cruda del Río Loa a la minera Doña Inés de Collahuasi (propiedad de Anglo American y Xstrata Copper)  para alimentar sus faenas mineras  al interior de Pica, en la región de Tarapacá. LEER MAS...

Los habitantes de de Calama y Antofagasta están indignados y no es para menos. Aguas Antofagasta  y Collahuasi pretenden  llevarse agua desde el desierto más seco del mundo para servir la expansión minera de una trasnacional.

Insólitamente además la autoridad ambiental ha acogido a tramitación este proyecto que solo evalúa el trazado de la tubería y del tendido eléctrico, pero que carece absolutamente de información sobre el impacto ambiental que conlleva privar a la  ya degradada cuenca del Rio Loa  de 550 litros por segundo agua y que el agua no sea devuelta, pues hay muchos poblados y ecosistemas que dependen de la infiltración de este a lo largo de cientos de kilómetros.

El estudio tampoco se hace cargo de otro impacto que debe evaluar la autoridad: el despojo a miles de personas de un recurso hídrico que originalmente fue cedido y luego concedido a un servicio  para consumo humano.

Con un precio record del cobre ¿no será mucho que Collahuasi no apueste a la desalación o a la impulsión de  agua de mar para sus faenas tal como han hecho  otras compañías?

¿Por qué  el grupo Luksic  vende el agua dulce  del Loa, de la cual depende toda la vida de las comunidades de Calama, Chiu Chiu, Lasana, Quillagua, para alimentar la actividad minera en otras regiones?

¿Por qué la Dirección General de Aguas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios no velan por la protección de las cuencas hídricas y los derechos de agua dedicados a los servicios de agua potable?

¿Porque se permite la exportación de agua desde  la región de Antofagasta a la de Tarapacá, cuando todos los estudios destacan que la zona requiere importación masiva de recursos hídricos?

Definitivamente ante esta irresponsabilidad gubernamental y empresarial, el patrimonio ambiental y la sociedad chilena están en riesgo.

Similar situación ocurre en Santiago donde la empresa sanitaria Aguas Andinas, del consorcio franco español Suez-Agbar, vendió en 2011 parte de las aguas de Laguna Negra y Embalse del Yeso, destinadas al agua potable de Santiago, para que la trasnacional norteamericana AES-Gener   las use para alimentar dos centrales hidroeléctricas  de su proyecto Alto Maipo (que se sumarian a las 4 centrales que la empresa ya posee en el en la zona)

Esta venta y la puesta en marcha de las centrales no solo vulnera los derechos de agua de regantes y agricultores; sino que amenaza todos los emprendimientos turísticos del Cajón del Maipo y no da cuenta de los impactos  sobre el suministro de agua potable para la ciudad de Santiago. La Superintendencia de Servicios Sanitarios, que debe velar por las aguas destinadas a agua potable, al parecer interpreta que las sanitarias pueden usarlas para negocios distintos de la concesión de servicios sanitarios.

Estos mismos afectados, además de realizar masivas manifestaciones públicas, hoy inician diversas estrategias legales, entre las que destaca  la petición  mediante  la Ley de Transparencia del convenio entre Aguas Andinas y Gener para el uso de aguas pertenecientes al servicio de agua potable de los 6 millones de habitantes de la región Metropolitana.

Y es que, en ambos casos, la forma en que se hizo la venta del agua  es un misterio para la ciudadanía y las autoridades locales. El Gobierno, amparándose en la denominación de "acuerdos entre privados” – término favorito de la actual administración para evadir  comunicar hechos vergonzosos e impopulares—  no ha hecho nada para que tanto los habitantes de Santiago como los de Antofagasta y Calama lleguen a conocer las condiciones, el  costo y los impactos objetivos de dichas transacciones de agua potable.

Frente a estos hechos, a los ciudadanos se nos viene a la mente el viejo refrán de “borrar con el codo lo que se escribe con la mano” , pues mientras la Dirección General de Aguas (DGA) declara destinar buena parte de su tiempo a fiscalizar y sancionar el robo de agua, otro servicio dependiente del mismo Ministerio de Obras Públicas, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios avala este “robo institucionalizado” de agua que están haciendo  las sanitarias, que  hacen pingües negocios vendiendo  las aguas   comprometidas en  las concesiones para servir el consumo humano a  mineras e hidroeléctricas, obteniendo enormes ganancias.

Al respecto, hay que destacar que el Congreso Nacional ya debió parar, mediante reforma al Código Sanitario, la venta de las aguas servidas tratadas que habían iniciado las sanitarias, perjudicando a los agricultores y regantes. Al parecer, defender el agua potable requerirá acciones  legislativas similares.

Hoy la pelea en el norte del país es a muerte. El acuerdo entre Inés de Collahuasi y Aguas Antofagasta ha desatado una campaña que incluye movilizaciones, recolección de firmas, apoyo de autoridades  locales y parlamentarios y hasta funas a la compañía minera que debió abandonar el viernes pasado el salón del Municipio de Calama.

Lo que hoy ocurre en Chile – y que en absoluto es un caso aislado -  constituye un poderoso llamado de atención a las instituciones de gobierno que deben velar, de acuerdo al nuevo mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas, por el derecho humano al agua y al saneamiento de todos los habitantes del país.

De continuar estas irregularidades y  nuevas amenazas al abastecimiento de agua, los movimientos ciudadanos  probablemente  continuaran durante este  año con la misma fuerza del  2011. Así, los ciudadanos y ciudadanas defenderemos nuestro derecho al agua en el Parlamento, frente a las instituciones de gobierno  y en las calles. 

POR: SARA LARAIN