AnimaLaradio

De acuerdo a las informaciones entregadas por Radio Cooperativa y el diario electrónico El Mostrador, días antes que se votara el proyecto Hidroaysén, la Fundación Integra, dirigida por la Primera Dama Cecilia Morel, recibió un millón de euros (más de 668 millones de pesos) por parte de Endesa. La donación fue dirigida a la iniciativa “Desafío, levantemos Chile”, destinada a reconstruir jardines infantiles que fueron afectados por el terremoto de febrero de 2010. LEER MAS...

Pero el conflicto de intereses más grave afecta al hermano de Cecilia Morel, Eduardo, cuñado del Presidente de la República, quien es nada menos que director suplente de Hidroaysén y gerente de la División Ingeniería y Proyectos de Colbún, empresa aliada de Endesa y responsable, junto con ella, de construir las centrales hidroeléctricas en la Patagonia.

El cuñado de Piñera ha sido asesor del Grupo Matte por más de 25 años y en la actualidad, en su condición de director suplente, debe reemplazar en el directorio de Hidroaysén, en caso de ausencia, a Luis Felipe Gazitúa o a Bernardo Larraín Matte. Ha supervisado directamente la ingeniería y construcción de más de 15 centrales del grupo y ha asesorado al director de Colbún en Hidroaysén – Bernardo Larraín – en materias técnicas con respecto al polémico proyecto.

Según la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, este caso en particular contraviene el principio de la probidad administrativa, de no intervenir en razón de las funciones en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Otro de los cuestionamientos se los llevó Pablo Terrazas, jefe de gabinete del subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Flores, quien posee terrenos que podrían ser inundados con el proyecto y por los que recibiría una indemnización millonaria. Su hermano, Nicolás Terrazas, seremi de Vivienda de Aysén, debía votar la aprobación de las represas, y ha sido objetado por los grupos ambientalistas no sólo por esta situación, sino además porque su padre asesoró a AG Río Baker, organización que ha negociado con la compañía. Al menos, Terrazas se inhabilitó y no participó en la votación.

Así las cosas, es alarmante que en Chile un proyecto tan importante, que cortará 6 parques nacionales, 11 reservas nacionales, 26 sitios prioritarios de conservación, 16 humedales y 32 áreas protegidas privadas, y que levantará un peligroso e inestable tendido eléctrico de 2 mil kilómetros (desde Aysén a Santiago), haya sido aprobado en un proceso lleno de vicios, ilegalidades y rarezas, como por ejemplo, informes que pasaron en un día de ser rechazados a ser aprobados.

Es alarmante también porque se trata de una intervención brutal e irreversible a un ecosistema único en el mundo, que es al mismo tiempo la mayor reserva de agua dulce, y que pese a ser rechazado mayoritariamente por los habitantes de las regiones afectadas – que hicieron llegar miles de observaciones al proyecto – igual se aprobó.

Desde el gobierno se apela a respetar la “institucionalidad”, pero se olvida que Chile aún está regido por una constitución hecha en dictadura, es decir, redactada obedeciendo a intereses extremos de un sector de la sociedad, que en ese momento, estaba obsesionado por imponer su visión de desarrollo vía capitalismo desregulado.

En el fondo, es la constitución chilena la que consagra en definitiva el libre mercado como método único, de ahí la facilidad que tienen las empresas para operar incluso haciendo daño al medio ambiente y a las personas (casos Escuela La Greda en Puchuncaví y las recientemente aprobadas termoeléctricas en Isla Riesco).

¿Qué viene ahora? Tras la aprobación, se espera que la empresa introduzca a fines de este año el estudio de impacto ambiental para la línea de transmisión que llevará la energía desde la Patagonia hasta la zona central. Para 2014, los accionistas evaluarán la viabilidad comercial del proyecto, determinando finalmente si es necesario levantar recursos para financiar e iniciar la construcción de las cinco centrales. Si las obras se inician en esa fecha, la primera central estaría activa a fines de 2019, mientras que todo el complejo se pondría en marcha seis años después, en 2025.

Fuente: http://www.cavila.cl/