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La imagen de abandono e incapacidad institucional que cada catástrofe genera en el país, es ya un ingrediente cultural natural del almanaque de las tragedias en la historia nacional. Cada año hay que agregar uno o dos hechos, perfectamente previsibles y siempre incontrolables, como fechas nefastas, debido a la incompetencia de las autoridades de turno, la falta de medios técnicos, de presupuesto, o la acción humana irresponsable. Y también, es necesario reconocerlo, por la dimensión y complejidad de una naturaleza prodigiosa, que el país poco o nada valora en toda su dimensión, razón por la cual los déficit nunca se superan. LEER MAS...

Luego, al momento del desastre, se invocan todos los esfuerzos y se trata de dar la imagen de una epopeya que no es tal. Pese a las promesas, casi tres días se demoró el gobierno en percibir que estaba frente a un evento mayor.

En la mayoría de los parques nacionales, la detección y reacción rápida ante la amenaza del fuego es esencial. Particularmente por el tipo de combustible que generan los incendios y la presencia de vientos, en este caso de hasta de 100 kilómetros por hora, que se convierten en dispersores de yescas y brasas que amplían a velocidad vertiginosa el siniestro.

De ahí la necesidad de tener  mucha capacidad de control y vigilancia en esos lugares,  y muchas pequeñas unidades ampliamente capacitadas y dotadas para reaccionar, pues los umbrales de propagación son bajísimos.

El parque nacional Torres del Paine ha sufrido al menos tres incendios de gran magnitud en los últimos 15 años (1985, 2005, 2011) con más de 40 mil ha consumidas por el fuego. Eso, dice Alfredo Tacón de WWF, es “algo totalmente fuera del rango normal para este tipo de bosques, sobre todo tratándose de un parque nacional, que es la máxima categoría de protección legal que tenemos en Chile”.  “La ocurrencia de incendios en el Parque Nacional Los Glaciares de Argentina es muchísimo menor, siendo un área muy cercana, de similares características climáticas y ecológicas y con gran desarrollo turístico”.

El problema de Chile, además de las falencias de cada institución sectorial,  parece ser no tener una política nacional frente a las catástrofes, que de cuenta de la complejidad del país y articule una institucionalidad flexible y rápida y con medios adecuados para hacerles frente en todos los niveles. En “Torres del Paine es evidente que no se cuenta con la capacidad de respuesta necesaria, dada la frecuencia y extensión de los incendios” concluye Tacón. Es decir, no se aprende.

Todos los años el país enfrenta en período estival el riesgo de incendios. Pero las consecuencias son muy diferentes según se trate de plantaciones forestales o parques nacionales y bosque nativo. En el primer caso, si bien también es un desastre social, ambiental y económico, generalmente afecta producciones privadas de especies introducidas como el pino insigne y el eucalipto, muy densas y rápidas en su crecimiento, y cuya reproducción natural se ve favorecida por el incendio (se recuperan rápido). Diferente es lo que ocurre con el bosque nativo y los parques nacionales, sujetos de protección ambiental por el Estado, donde todo es frágil y muy lento.

De ello debieran resultar políticas públicas con  diferentes grados de discriminación y flexibilidad para cada caso, que permitieran, por ejemplo,  exigir a los privados que asuman de manera más intensa y directa la prevención, y los costos sociales y económicos de este tipo de eventos.

En cambio en  los parques nacionales los incendios están relacionados directamente con la imagen país, el patrimonio ambiental y el uso turístico del área. Y si recibe anualmente un enorme flujo de visitantes debe contar con adecuadas medidas de vigilancia, prevención y supresión temprana de incendios, y medios masivos y de alta tecnología que acuden desde un mando central cuando aquellos se ponen fuera de control.

“El incendio del 2005 en Torres del Paine ha sido muy estudiado, dice Tacón. A la mortalidad de árboles se suma una escasa regeneración y la invasión de especies exóticas que reducen la capacidad de recuperación del bosque, dificultando los esfuerzos de restauración”.

Las políticas requieren grados regulatorios, instrumentos de regionalización, regulación del desarrollo turístico y mecanismos de control de los territorios bajo protección, para intervenir de manera coordinada en ellos y reconstituirlos luego de un siniestro al estado lo más cercano posible a como estaban antes. Poco o nada de eso ocurre hoy.

CONAF,  que es la institución encargada en parte del tema, está en plena transición, además de los percances y problemas experimentados en el pasado reciente por la adquisición de un helicóptero, y por sus déficits presupuestarios.

Por su parte, se encuentran en discusión en el Senado (Comisiones Unidas de Medioambiente y Agricultura) dos proyectos de ley sin mucha urgencia por parte del Ejecutivo, uno que reformula la institucionalidad de CONAF y otro que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Ninguno de los dos  trate como solución el aspecto fundamental: el contenido regional que hace rápidos y eficientes los recursos más cercanos al siniestro.

“Debemos agradecer la labor heroica e incansable de los cientos de personas, entre ellos efectivos del Ejército, bomberos, la Armada y brigadistas argentinos que están dando la batalla aquí en Magallanes”, dijo Vicente Núñez, Directo Ejecutivo de la Onemi.

Exactamente ese es el problema. Tener siempre una labor “heroica y esforzada”  pero no tener un organismo nacional real y efectivo capaz de hacer la planificación y la coordinación de operaciones en momentos de desastre.  Frente al incendio de Torres del Paine, además de las declaraciones de “profesionalismo” y “heroicidad”, el gobierno respondió con el tic habitual de una mejor legislación y mayores penas para los infractores.

Es necesario un mayor grado de creatividad. Aunque no es problema de ahora sino acumulado en veinte años de democracia, ya de una vez debiera instalarse como función de Estado en alguna parte la Coordinación y Operación en Materia de Desastres, con un dispositivo institucional un poco más sofisticado que la actual ONEMI o las consabidas comisiones coordinadoras donde participan militares y civiles con una suma de lo que hay a mano, y que resulta en una ensalada rusa o uncada uno para su santo.

Los riesgos de incendios se concentran en cuatro meses del año, pero en una densidad tal que hace inevitable comprar medios  técnicos de relativa sofisticación pues se debe operar de manera masiva. Es el ejemplo de estos días. Pero para cuatro meses, el costo de ellos es muy caro.

El helicóptero polaco Sokol, operativo a poco de iniciado el incendio de Torres del Paine y que tantos problemas iniciales tuvo por su elevado costo de operación, es hoy el mejor medio con que se cuenta. Pero apenas carga 2.200 litros de agua, que carga por manguera, para lo cual debe aterrizar, y costó 8,5 millones de dólares. Es decir, ni más ni menos que un salivazo de varios millones de dólares para apagar un incendio.

El hidroavión ruso Beriev 2000 puede tener hasta 20 operaciones de 12 mil litros de agua y mil litros de químicos cada una, en una sola hora, debido a su sistema de toma de agua que la hace a vuelo rasante. Claro que cuesta 70 millones de dólares. El avión estuvo exhibido en la FIDAE 2010 y sus representantes están pensando traerlo a Torres del Paine a ayudar, y mostrar así su versatilidad.

¿Cuál conviene más entre estos, o los otros de la competencia que también hay y buenos en el mercado, y que por supuesto ojala no termine en el escándalo habitual de las comisiones?  El problema no se puede medir  de manera individual. El hidroavión ruso es un multipropósito que en una hora se transforma en avión de 70 pasajeros, o en avión ambulancia con 30 camillas, amariza hasta con olas de dos metros, y tiene diseños g que le permiten operar en picada y soltar su carga con alta estabilidad. Eso es lo que necesita el país y en la competencia de los rusos, hay naves similares y similares precios.

Este es un ejemplo de que las soluciones deben ser planificadas por un ente central, capaz de bien administrar los escasos recursos (que en ciertas circunstancias no son tan escasos) y de resolver –incluso los modelos de negocio para los tiempos estacionales- de acuerdo a las demandas que el propio Estado tiene en otras áreas o las que hace el sector privado.

Las deficiencias de transporte intermedio en condiciones de tráfico rudo, como el que opera en la zona del extremo sur del país, hacían recomendable la compra de los helicópteros MI-17, también aeronaves multipropósito. Así se decidió, luego de las pruebas técnicas realizadas por la FACH.  Pero el Consudena le puso mala cara (viviendo de la Guerra Fría),  y el tema pasó al ministerio del Interior durante el gobierno de Michelle Bachellet. Por allí se hizo humo y los cinco helicópteros terminaron vendidos al Perú. Como dato se puede agregar que los norteamericanos actualmente los usan en Afganistán, pues para condiciones de montaña son mejores que los propios.

Los responsables del sistema de catástrofes y de mando y control del país, especialmente del ministerio de Defensa se ofuscan cuando se hace referencia a su afición por las medallas y los monolitos recordatorios. Para muestra un botón. Bajo la Ley 8.059 se creó la Defensa Civil de Chile cuyo Jefe Superior es el ministro de Defensa Nacional, y su director general un alto oficial del Ejército. En su página web dice que fue creada bajo la influencia y modelo de la Defensa Civil británica y cuenta la historia de esta y no la propia (?) Nadie sabe en realidad si sirve para algo, lo que es seguro es que en grandes desastres, tiene muy poco que hacer.

“Aquí no hay amateurs” dijo la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez para referirse a los esfuerzos desplegados para controlar el incendio en el Parque Nacional Torres del Paine. Tiene razón la ministra, aquí no hay amateurs, todos somos amateurs.

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