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Las dos sociedades que dieron origen a Blumar S.A. partieron casi de forma simultánea. Pesquera Itata S.A. fue constituida en 1961 por Jorge Sarquis Nasim y su hijo Sergio Sarquis Menassa. Un año después, Walter Stengel y Marcos Hinztler crearon Pesquera “El Golfo” Stengel y Cía. Ltda. Y a pesar de que las dos operaban en Talcahuano, sus historias corrieron por carriles distintos.

En las décadas siguientes, la propiedad de Itata –que desde 1992 participa en la Bolsa– sufrió varios cambios, aunque sólo en el papel: todas las sociedades a las que se le transfirió el control de la empresa pertenecen la familia Sarquis. La propiedad de El Golfo, en cambio, se modificó. En diciembre de 1986, la familia Stengel le vendió la empresa a Compañía de Rentas e Inversiones San Ignacio S.A. (de Hugo Yaconi), Inversiones y Rentas Con-Con S.A. (de Manuel Santa Cruz),Sociedad de Inversiones y Servicios Cassis Ltda., Compañía de Rentas e Inversiones Terranova Limitada Compañía en Comandita por Acciones, Compañía de Servicios Ltda. (deJaime Santa Cruz). Así, el dominio de Pesquera El Golfo S.A. quedó en manos del grupo Yaconi-Santa Cruz.

Cuando se repartieron las cuotas individuales de captura en 2001, ambas empresas salieron muy bien paradas. Para entonces, en Chile había 78 firmas pesqueras que pescaban jurel de forma industrial y todas se adjudicaron un porcentaje de su cuota global anual. Como se consideraron los registros de captura de los cuatro años anteriores y la capacidad de bodega de sus barcos, las más grandes se aseguraron las mayores tajadas. Y como querían más, lo que vino fue un proceso de concentración que ha reducido a sólo 26 el número de participantes en la pesca extractiva de jurel. En ese camino, tanto El Golfo como Itata lideraron el recorrido.

Apenas unos meses después de entrar en vigencia la ley de Límite Máximo de Captura por Armador (LMCA), El Golfo ya había absorbido cuatro empresas pesqueras y contaba con un capital de casi $52.000 millones, además del 10,24% de la cuota industrial de jurel. Ese mismo año, siete compañías del sector se disolvieron después de que el 100% de su capital quedara en manos de Pesquera Itata S.A., la que quedó con un fondo social que superaba los $39.609 millones y con el derecho a capturar el 10,03% del principal recurso pesquero del país. Durante los años siguientes, la constante disminución en las capturas de jurel, llevó a que en 2011 las dos compañías juntaran sus cuotas individuales y se fusionaran bajo el nombre de Blumar S.A. y un directorio compartido que preside Rodrigo Sarquis Said, quien además es presidente de Sonapesca y ex presidente de Asipes, las dos asociaciones gremiales de industriales pesqueros más grandes e importantes del país.

La propiedad de la sociedad se reparte en un 54,69% para la familia Sarquis y un 45,31% para el grupo Yaconi-Santa Cruz, que además es dueño de Aquafish S.A., una empresa que hasta el año pasado participó en la pesca de jurel, sardina, anchoveta y merluza, pero que no figura entre los armadores que tienen una cuota asignada para 2012.

La fusión que dio origen a Blumar S.A. se dio en medio de la guerra que tiene enfrentadas a las pesqueras industriales por la redistribución del mar chileno. Ante la incertidumbre de cómo se reasignarán las cuotas individuales (si se mantendrán o se subastarán), cuando en diciembre de 2012 pierda vigencia el actual régimen de pesca, casi todos los armadores industriales, menos uno (Lota Protein S.A.), se aliaron para defender en bloque los porcentajes que se les asignó en 2001. Para evitar la licitación de sus cuotas, llegaron a un acuerdo con los pescadores artesanales y el gobierno a fines de septiembre pasado. Si la base de ese documento se respeta, salvo unos pequeños cambios, todo se mantendrá igual y el control del mar chileno y sus recursos seguirán, como hasta ahora, y por 20 años más, en manos de unos pocos gigantes pesqueros (ver mapa multimedia).

Si la intención de las regulaciones del sector ha sido darle sustentabilidad a la pesca en Chile, el resultado ha sido un desastre. Especialmente con el jurel, el principal recurso marino del país. Cada vez que se ha modificado el régimen pesquero, ha sido porque los malos resultados de las medidas anteriores lo han hecho necesario. Si el jurel está desapareciendo de nuestras aguas, es en gran parte por la mala administración histórica de los recursos pesqueros en el país. De hecho, hace 15 años el jurel estuvo a punto de acabarse. Una historia que nadie quiere recordar.

Primero se cerró el acceso a nuevos actores en las zonas saturadas bajo la lógica de que si los recursos son limitados, el ingreso a su explotación también debe serlo. Era mediados de los ’80. Para entonces, las exportaciones pesqueras ya superaban los US$ 535,4 millones y representaban el 12,7% de las exportaciones totales de bienes. Chile ya era el segundo productor mundial de harina de pescado. Los que quedaron adentro después del cierre, siguieron pescando sin ningún control; y los de afuera, se adueñaron de las zonas que permanecían abiertas. No quedó metro cúbico de mar chileno sin explotación pesquera.

Después, en 1991 se promulgó la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) para controlar el esfuerzo pesquero de la industria. La norma limitó el número de naves que podía tener una empresa y su capacidad de bodega. Se pretendía que pescaran menos. No resultó. Al contrario, las pesqueras industriales aumentaron sus capturas simplemente invirtiendo en tecnologías que les dieron a su flota mayor autonomía y eficiencia. Se llegó a capturar en promedio 4 millones de toneladas de jurel al año. Y aunque las cifras parecían indicar que había jurel para rato, lo cierto es que ya se estaba acabando.

-La crisis se manifestó porque casi todo lo que se estaba pescando era bajo la talla mínima legal, que en el caso del jurel es de 26 centímetros. Si lo pescas antes de que pase por el proceso reproductivo, eliminas la especie –cuenta un funcionario de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) que pidió mantener su nombre en reserva.

El gobierno decidió entonces establecer cuotas globales de captura, pero sin un sistema de distribución entre los distintos actores del sector, la medida generó una carrera por pescar la mayor cantidad en el menor tiempo posible. “Fue lo peor que se pudo hacer”, dice un ex subsecretario de Pesca que conversó con CIPER. La Subpesca implementó entonces un artilugio que mezcló las cuotas globales, las vedas y la pesca de investigación para administrar entre las grandes empresas industriales lo que fue un primer intento de cuotas individuales de captura. Como la pesca de investigación es por definición sin fines comerciales, la medida fue ilegal, pero todos callaron. Las compañías ya instaladas adquirían la garantía de que podrían pescar de acuerdo a sus capacidades productivas. Si la cuota resultaba ser baja, ya encontrarían mecanismos para aumentarla.

Ese sistema fue la base de la ley que se aprobó en 2001, con un fuerte lobby de la industria. Fue entonces que comenzó formalmente la repartición del mar chileno. Para las grandes pesqueras, fue el reconocimiento de su “derecho histórico”.

Ricardo Lagos aún no cumplía medio año como presidente cuando envió al Congreso un proyecto de ley que pretendía ser una norma transitoria. Según un ex subsecretario de Pesca que conversó con CIPER, “los parlamentarios aprobaron esa legislación porque no quisieron hacerse más líos. Siempre los gobiernos han tratado de evitar el conflicto de cambiar el régimen de administración pesquero y enfrentarse a los industriales, y para entonces el lío ya era tremendo”. El proyecto pasó a ser ley en enero de 2001 y duraría sólo dos años. Su nombre: Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA).

Con su aprobación, el manejo que implementó la Subpesca en la crisis de los ’90 obtuvo un marco legal para continuar. Entre otras medidas, el mar chileno fue dividido en cuatro macrozonas pesqueras. El norte se dividió en dos: una que va desde la frontera con Perú hasta el límite sur de Antofagasta; y otra que parte desde ese mismo punto y se extiende hasta el sur de Coquimbo. La zona centro sur quedó definida entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, mientras que la zona austral está comprendida por el área marítima que va desde la XI Región hacia el sur. Cada una de esas macrozonas pronto se transformó en una especie de fundo marítimo, donde las mayores empresas pesqueras marcarían su dominio.

La nueva ley también consolidó la reserva de las primeras cinco millas desde la costa para la explotación exclusiva de los pescadores artesanales, a los que además se les asignó un porcentaje de la cuota global de las principales pesquerías. Las diferencias entre los artesanales que apoyaron el cambio y los que vieron la ley de LMCA como una “privatización del mar”, se tradujo en una división de su asociación gremial más poderosa, la Conapach, en dos grandes conglomerados: uno que se llamó Confepach (que apoyó los cambios propuestos por el gobierno); y otro que siguió con el nombre original y que incluso acusó ante la Contraloría al entonces subsecretario de Pesca, Daniel Albarrán, por tráfico de influencias. A todos ellos, a los 81.157 pescadores artesanales que figuran en el Registro Pesquero Artesanal del Sernapesca, se les asignó el 5% de la cuota global de jurel.

Lo demás se fraccionó entre todos los armadores industriales que operaban en las zonas norte y centro sur del país. La fórmula utilizada para repartir las cuotas individuales transferibles fue el “coeficiente de participación relativo”: la suma del registro de capturas entre 1997 y 2000 y la capacidad de bodega corregida de las naves a 2001. Eso significó que las empresas que más habían pescado durante los años que la Subpesca administró la crisis y las que tenían mayor capacidad de bodega se adjudicaran los pedazos más grandes de la cuota global. Quienes tuvieran mayor “historia pesquera”, que en definitiva es lo mismo que mayor participación en el mercado, salieron más beneficiados.

-Durante los cuatro años que se consideraron para hacer historia pesquera, lo que más se capturó de jurel fue a través de pesca de investigación. Tener un buen registro dependía exclusivamente de cuánto la subsecretaría te había asignado para pescar. En el fondo, la pesca de investigación era industrial –dice Riola Solano, gerente de asuntos corporativos de Lota Protein S.A.

A fines de 2002, para no empezar otra discusión sobre un nuevo manejo del sector, con el apoyo de las principales empresas pesqueras asociadas en Sonapesca, el Congreso prorrogó la vigencia de la ley por 10 años más (hasta el 31 de diciembre de 2012).

Según Rodrigo Vial, presidente de Anapesca y fundador de Lota Protein S.A., la fórmula para asignar esas cuotas fue diseñada en Sonapesca, que es prácticamente lo mismo que Asipes (la lista de compañías asociadas es casi la misma), pero a nivel nacional. Una fuente que trabajó en la Subpesca en esos años asegura lo contrario: que fue un sistema determinado por las autoridades para manejar una crisis. Da lo mismo cual fue la intención, porque como las cuotas que les asignaron a varias de las empresas más pequeñas disminuían considerablemente su posibilidad de producción, se les hizo insostenible continuar operando. Muchas debieron vender sus barcos y sus cuotas. Las más grandes las compraron y terminaron absorbiendo a las más chicas, reduciendo gradualmente la cantidad de participantes en la actividad extractiva hasta llegar a concentrar la explotación de la mayoría de los recursos marinos en los mismos nueve grupos económicos que hoy concentran el 93,7% de la pesca industrial de jurel, el recurso marino más importante del Pacífico Sur.

El documento que llegó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el 17 de enero de 2011 tenía la firma de Francisco Cifuentes, gerente general de la empresa que hasta el año anterior poseía el 10,63% de la cuota global de jurel: la Compañía Pesquera Camanchaca S.A. Allí decía que la decisión ya estaba tomada, que la fusión con Pesquera Bío Bío S.A., de los hermanos Jan, Klaus y Frank Stengel Meierdirks, ya estaba en marcha y que se concretaría a más tardar en octubre de 2011. La sociedad naciente repartiría su propiedad en un 70% para los primeros y en un 30% para los segundos. La unión se hizo operativa a través de Camanchaca Pesca Sur S.A. en diciembre pasado, cuando ésta absorbió a Pesquera Bío Bío Sur S.A., filial de la compañía de los Stengel. Aunque aún aparecen funcionando por separado, las empresas de Jorge Fernández Valdés y la familia Stengelya están bajo una misma estructura, aunque en forma parcial: sólo las operaciones pelágicas de la zona centro sur estarán a cargo de la nueva empresa. La explotación en el norte y de las especies no pelágicas -como la merluza-, las seguirán desarrollando de forma independiente.

La empresa que nació de la fusión no sólo pasó automáticamente a ser titular del 15,77% de la cuota industrial de jurel y del 19,16% de sardina común, sino que además consolidó los apellidos Fernández y Stengel en el grupo de familias que concentran la explotación de la mayor cantidad de recursos pesqueros del país. Si se suman las cuotas que controlan sus tres empresas, entre las dos familias poseen el derecho a capturar el 18,74% del jurel que extraen las pesqueras industriales, el 19,19% de la anchoveta, el 19,16% de sardina común, el 18,79% de sardina española, el 29,55% de merluza común y el 12,42% de merluza de cola.

En ese grupo de familias, el nombre del empresario Francisco Javier Errázuriz es bastante conocido. Por medio de sus empresas Pesquera Bahía Coronel S.A. y Salmoalimentos S.A. –donde participa a través de su matriz Pesquera Nacional S.A.–, hasta el año pasado tenía asignado el 3,03% del jurel reservado para la pesca industrial. Este año, sólo Salmoalimentos aparece entre los armadores con cuota de pesca, adjudicándose sólo el 0,017% del jurel que se pesca industrialmente en Chile. En eldirectorio internacional pesquero Fish Information & Services, Bahía Coronel es presentada como “una empresa chilena dedicada a la captura y procesamiento de pesca para la elaboración y comercialización de harina, aceite de pescado y congelados de alta calidad, propiedad de empresarios ampliamente conocidos y reconocidos en el mercado regional, nacional, e internacional”. La misma descripción aparece en un video institucional en el sitio web de Enapesca S.A., que funciona en el mismo domicilio que Pesquera Bahía Coronel S.A.

La sociedad que forman las familias de Eduardo Bohorodzaner y Eduardo Fosk se llama Pesquera Landes S.A. y posee el derecho a capturar cada año el 3,91% del jurel y el 10,15% de la sardina común. Por otro lado, Foodcorp S.A. y Lota Protein S.A. también pertenecen a grupos familiares, aunque son las únicas dos empresas que explotan jurel cuyos dueños son extranjeros. El capital de la primera, que explota el 7,73% del jurel, está en manos de la familia noruega encabezada por Helge Møgster, el principal accionista de Austevoll Seafood ASA, una empresa del grupo pesquero DOF. La controladora de la segunda es el grupo Koppernaes, también de Noruega, una empresa familiar que opera en Europa desde 1884. En Chile, poseen el 1,5% de la pesca industrial de jurel.

Otro de los apellidos que pesan en la pesca chilena es Menéndez, aunque por dos ramas familiares distintas.

El polo de inversiones pesquero de la familia Izquierdo Menéndez se divide en dos sociedades:Alimentos Marinos S.A. (ALIMAR) y la Sociedad Pesquera San Antonio S.A. (SOPESA). Si se suman las cuotas que cada empresa tiene asignadas, los Izquierdo controlan el 9,14% del jurel que pescan las empresas industriales, el 9,9% de la sardina común y el 9,24% de la merluza de cola. Aunque el grupo familiar no es el más grande del sector, tiene un gran peso en la industria pesquera: el presidente de su directorio, Roberto Izquierdo, también es la cabeza de la asociación gremial Asipes y ocupa una de las tres vicepresidencias en Sonapesca.

En este cuadro de los dueños del mar chileno, también están los Lecaros, la otra rama de la familia Menéndez con intereses pesqueros. A través de Pesquera Coloso S.A. y su filial Pesquera San José S.A., los Lecaros Menéndez han llegado a controlar durante la última década el 10,47% de las capturas industriales de jurel. Aunque ahora, después de que se fusionó con uno de los grupos económicos más importantes del país, ese porcentaje parece hasta irrisorio.

En julio de 2010, las páginas de Negocios de los principales diarios anunciaban la primera de las tres grandes fusiones que modificarían el escenario pesquero. Antes de que Blumar S.A. y Camanchaca Pesca Sur S.A. aparecieran en el mapa, Pesquera San José S.A., controlada por Pesquera Coloso S.A. –de la familia Lecaros Menéndez–, y SouthPacific Korp S.A. (SPK), filial de Pesquera Iquique-Guanaye S.A. –del grupo Angelini–, habían decidido juntar sus operaciones industriales en áreas de conservas, congelados, harina y aceite de pescado. Así, no sólo surgió Orizon S.A., una de las cuatro empresas individuales con mayor porcentaje de cuotas de jurel, sino que además se consolidó la unión que ya existía entre las familias Angelini y Lecaros Menéndez desde 1999 a través de Corpesca S.A., transformando a la sociedad de esas familias en el mayor clan pesquero del país.

El grupo económico que encabeza Roberto Angelini posee el 60% de las acciones de Orizon y el 77% de las de Corpesca. Por eso preside ambos directorios, donde participa con Sergio Lecaros Menéndez y el ex presidente de la Asociación Chilena de Seguridad, Jorge Matetic, entre otros. Su área de operaciones se extiende en las distintas pesquerías repartidas desde la frontera con Perú hasta el límite sur de la región de Los Lagos. Si se suman las cuotas de captura que poseen las dos empresas en todo el país, entre ambas familias concentran el 31,95% de la cuota industrial de jurel, el 75,41% de anchoveta, el 20,24% de sardina común, el 62,98% de sardina española y el 14,76% de merluza de cola. Pero su principal patio de operaciones es la zona norte.

El 95,84% de la anchoveta que podrán captura las naves industriales en el país durante 2012 está entre las regiones de Arica y Parinacota y de Coquimbo. De eso, las familias asociadas en Orizon y Corpesca explotan el 77,76%. Y si este año la cuota de jurel para esa misma zona bordea las 43.000 toneladas, entre las dos empresas suman un límite máximo de 32.732 toneladas, más de tres cuartos de la pesquería de esa área. Por eso es que el grupo Angelini se ha mostrado tan dispuesto a colaborar con las autoridades chilenas en la disputa por los límites marítimos con Perú.

“Genera preocupación la demanda arbitral que Perú presentó en el Tribunal de La Haya, con el propósito de modificar unilateralmente los límites marítimos históricos con Chile. Ciertamente afectaría la actividad pesquera, al ser el área de mar involucrada una zona de gran riqueza marina”, escribió Angelini en la Memoria anual de Corpesca de 2009.

Durante el proceso bilateral, las empresas de Angelini han aportado documentación que prueba que el área en conflicto está bajo dominio chileno y no peruano. Para el grupo de empresas que produce más del 5,5% del total mundial exportable de harina de pescado, el conflicto limítrofe con Perú es una verdadera amenaza financiera. Lo que el jurel es para Chile, lo es la anchoveta para Perú. Si se considera que el 93,09% de la anchoveta -una de las cuatro especies de peces que aún están en “niveles seguros para su conservación”- que capturan las naves industriales chilenas se distribuye en las zonas aledañas a la frontera con Perú, se entiende finalmente que eso es lo que los dos países se están peleando: no se trata de espacios estratégicos, sino que de áreas de pesca.

-De prosperar la demanda peruana, se nos puede reducir en más del 20% la superficie de pesca de todos los recursos –aseguró el director de Corpesca, Claudio Elgueta, en una nota que publicó el diario La Tercera en noviembre de 2010.

Esa es la batalla que tienen las pesqueras de Angelini en el norte. Y no es la única. Las empresas de la zona centro sur le endosan la responsabilidad de la sobreexplotación del jurel. Para los del norte, si el jurel está por extinguirse, es por culpa de los del sur. Pero todos han aportado lo suyo y no sólo desde sus barcos, sino que también desde tierra firme: la ley de LMCA resultó tanto o más desastrosa para la sustentabilidad de los recursos pesqueros que las regulaciones que la antecedieron. Porque al final, el límite de lo que cada año se pesca en el mar chileno es determinado por sus dueños de facto: nueve grupos económicos. Lo que está en disputa es un negocio que renta más de US$1.200 millones al año. Mientras, los chilenos debemos asumir que el jurel ya prácticamente desapareció de las aguas chilenas.