El acuerdo de la nueva Ley hace perder la potestad de esos recursos al Estado, permitiendo el fraccionamiento de la pesca artesanal entregándoles el mínimo posible a los pescadores artesanales, mientras a las industrias se le entregarían licencian por 30 años renovables.
Por Andrés Gillmore Secretario y vocero de Corporación Costa Carrera-Aysén-Cuenca del Baker.
Este 29 de octubre se abre el plazo para entregar indicaciones a la Ley de Pesca y el ministro de economía Pablo Longueira a hecho lo imposible para sacar adelante la ley y no permitir indicaciones a su intención. Buscando finalizar lo que comenzó junto al almirante José Toribio Merino en el año 1985, cuando presentaron la primera intención de ley. Hoy al igual que en ese entonces Pablo Longueira esta empeñado en terminar lo que empezó en el siglo pasado, cuyas bases fueron establecidas con la Ley 18.892 de 1989, conocida por todos como la Ley Merino y que en la actualidad la intención de modificar la ley sea reconocida como la ley Longueira. LEER MAS....
El mar chileno cuenta con 3,6 millones de kilómetros de Zona económica exclusiva, que equivalen a cinco veces la superficie del país, que representan físicamente 4200 km de costa lineal y 30 mil km de archipiélagos y fiordos, lo que proyecta al litoral chileno como una de las cinco áreas marinas más productivas del planeta. Las condiciones del mar en Chile a pesar de toda la sobre explotación y la depredación a la que ha sido sometido, tiene en las condiciones actuales mejor calidad y cantidad de recursos que el resto de los mares del mundo y en este punto es donde radica la intención del gobierno con la nueva ley, para así privatizar nuestro mar entregándoselos a las transnacionales extranjeras y muy especialmente a las españolas.
Una política pesquera moderna y democrática, debe tener como objetivo final la conservación equitativa del recurso y de los ecosistemas acuáticos. Debe contar con una adecuada asignación de los recursos, para que generen el máximo bienestar posible, permitiendo la sustentabilidad y la gobernabilidad de la actividad, buscando la seguridad alimentaria del país y la generación de empleos y el fortalecimiento el desarrollo de las comunidades costeras, prohibiendo la sistematización de la pesca de arrastre que elimina el recurso.
Lamentablemente la intención actual de la ley, es fundamentalmente hacer lo contrario y privatizar el mar chileno, permitiendo que los empresarios industriales se apoderen del recurso. Lo que es en si mismo un atentado en contra de la gobernabilidad de la actividad y de la estrategia de desarrollo.
Se tiene conciencia que se debe mejorar la actividad, haciéndola más profesional y técnica, entendiendo que la Ley actual debe ser reformulada y crear una más moderna, poniéndole un sustento científico, pero en ningún caso con lo que se pretende en la actualidad, ya que bajo ningún concepto se puede impedir a los chilenos el acceso a la actividad. La reformulación actual de la ley ha tenido muchos elementos abusivos, porque siempre la intención de reformular la ley ha sido desbalanceada, careciendo de objetividad y de sentido común. Cualquier legislación que tenga que definir criterios, debe garantizar el acceso de todos los chilenos al recurso y no debe perder el objetivo final, que el mar debe ser cuidado, que es de todos sin excepción y que bajo ciertos parámetros y certificaciones adecuadas, puede y debe ser explotado libremente por los chilenos.
Al gobierno militar a pesar de todo el poder plenipotenciario con que contaba en esos años, le llevó cuatro años promulgar una nueva Ley de Pesca. Que solo se pudo llevar a cabo en el año 1989 y aun así la intención le resultó ser altamente conflictiva. La nueva democracia al ver el problema que se les avecinaba, aprobó la postergación de la entrada en vigencia de la ley, porque entendieron que debía mejorarse y hacerla más justa.
El sector pesquero tiene un altísimo grado de concentración económica y nos encontramos con Grupo Angelini, conglomerado formado por empresas Corpesca, South Pacific Korp y Pesquera Iquique-Guanayes que controlan el 34 % de las cuotas de pesca industrial a nivel nacional en Sociedad con la empresa Coloso y su filial Pesquera San José que pertenecen a las familias Lecaros y Menéndez quienes poseen el 46% de la cuota del jurel y domina el 75% de la captura de la anchoveta en el limite con Perú.
El grupo Angelini junto a Camanchaca, Bio Bio y Alimar controlan el 80 % de la cuota del jurel, principal pesquería chilena y que toda su producción esta destinada a la harina de pescado y aceite de pescado y secundariamente a enlatados, ahumada y congelado para consumo humano.
El acuerdo de la nueva Ley hace perder la potestad de esos recursos al Estado, permitiendo el fraccionamiento de la pesca artesanal entregándoles el mínimo posible a los pescadores artesanales. Bajo el formato de lo pretendido, se les entregaría a los industriales licencias a 30 años y renovables, lo que es en definitiva entregar estos derechos a perpetuidad, permitiendo el monopolio industrial porque fija de ante mano los precios y sus beneficios a los grandes industriales.
Los diputados Fidel Espinoza, Adriana Muñoz, Manuel Monsalve, Gabriel Asencio, Fernando Meza, Sergio Ojeda y Ricardo Rincón, presentaron al ministro Longueira una indicación a este respecto al proyecto ley en sus concepto básico ante la privatización pretendida del mar por la ley: “El Estado de Chile tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hidrobiológicos existentes en los espacios marítimos sometidos a su jurisdicción. El establecimiento de tales permisos o autorizaciones, otorgará a sus titulares la facultad de extraer los recursos del mar solo mientras se encuentren vigentes y no generará derecho alguno respecto de su continuidad o permanencia en el tiempo. La extinción de los mismos no ocasiona responsabilidad alguna para el Estado”. El texto manifiesta la preocupación por el tema y expone la realidad y la injusticia de la ley.
Tampoco es menor para la actividad la depredación que representara para Chile en caso de aprobarse la ley, el acuerdo de libre comercio con la comunidad europea, porque el tratado estableció un protocolo de inversión Pesquera (PIP) que responde a una política de la Comunidad Europea, que se inicia en los años setenta y continua con el Régimen Comunitario de Pesca y de Acuicultura establecido en el año 1992. Ratificado en el año 1998. Con esto se permitió que en Europa se implementara una importante reducción de la cuota máxima y creo una baja disponibilidad de los recursos pesqueros en aguas comunitarias europeas. Por esta realidad se trasladó parte importante de esta enorme flota, a pesquerías en otras latitudes del planeta, esencialmente a países en desarrollo. La firma del TLC con Europa representa una buena oportunidad de inversión para los alicaídos empresarios pesqueros de Europa y con ello encontrar el crecimiento del negocio pesquero para los capitales europeos, principalmente los españoles en nuestras costas y sin duda para allá apunta la reformulación de la ley, lo que va en contra de los intereses pesqueros nacionales.
El objetivo final del acuerdo, con lo que he estudiado del tema, es conseguir el derecho de la totalidad de las cuotas de Pesca para la actividad industrial, impidiendo de esta manera su licitación. A esto le sumamos el establecimiento de seguridades jurídicas y derechos de propiedad que podrían transarse en la bolsa de valores o ser también sub arrendados, lo que ya en si mismo es un gran negocio y transformaría la actividad en un negocio de mera especulación bursátil y no de aguerridos hombres de mar como debería ser.
El empresario industrial busca la eliminación del pescador artesanal y restringirles la operación y hacer que la actividad sea un auténtico mercado de cuotas, para permitir que nuevos inversionistas puedan entrar al negocio a precios razonables, sin la molestia de tener que compartir y lidiar con los pescadores artesanales. También se entiende en el entre líneas, que pretenden transformar a los artesanales en mano de obra barata para la actividad industrial.
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